Los resultados de una encuesta de opinión encargada por una petrolera para medir el impacto del boicot a las empresas que dispusieron aumentos en los combustibles le deben haber dejado un sabor agridulce a la secretaria de Defensa del Consumidor, Patricia Vaca Narvaja. El trabajo, realizado en base a consultas a 500 usuarios, arroja en principio una respuesta contundente: una amplia mayoría se manifestó “de acuerdo” con la decisión del Presidente de señalar –y castigar pidiendo que no se les compre– a las empresas que aumentaron los precios en surtidor. Más marcado aun es el rechazo a las organizaciones piqueteras que bloquearon el ingreso a las estaciones de servicio, en el que coincidió alrededor del 90 por ciento de los encuestados.
Hasta ahí, poco para sorprenderse, ya que ambas consideraciones debían estar dentro de los cálculos del Gobierno. Más llamativo, en cambio, resulta que al pedir la opinión sobre el rol de las organizaciones de defensa de los consumidores, casi el 90 por ciento dijo no saber que existían. La secretaria de Defensa del Consumidor le debe a una de estas entidades el haber sido catapultada a su actual cargo, pero además basa buena parte de su estrategia en el rol de éstas. A la luz de estos resultados, tal vez deba revisar qué papel cumplen en su estrategia.