El presidente Néstor Kirchner se encontrará a primera hora de hoy (9 de la mañana, hora de Berlín) con el vicepresidente de Siemens, Uriel Sharef, y le planteará el deseo del gobierno argentino de que dicha empresa abandone su querella iniciada en el Ciadi contra el Estado nacional. “Siempre solicitaremos a cada empresa que renuncie a litigar contra la Argentina”, confirmó ayer el Presidente a un grupo de periodistas en el lobby del Hotel Regent de esta ciudad.
La tarea de Kirchner no es sencilla, habida cuenta de que el conflicto que plantea Siemens tiene vieja data y responde a una rescisión de contrato. El gobierno de Fernando de la Rúa, a través de su por entonces ministro del Interior, Federico Storani, rescindió el contrato que la compañía alemana había firmado con la administración de Carlos Menem y la pluma de su ministro político, Carlos Corach. Dicho acuerdo resultaba onerosísimo para el país. Ascendía a unos 600 millones de dólares para cambiar la totalidad de los DNI a todos los argentinos en un plazo de cinco años, y a un precio, que debía pagar el particular, que rondaba los 75 pesos/dólares de aquella época.
El gobierno aliancista dejó caer el contrato y los alemanes acudieron al tribunal arbitral del Banco Mundial, el Ciadi, sitio pergeñado para defender al capital trasnacional. Allí, Siemens exige un resarcimiento de unos módicos 480 millones de dólares que deberían salir de la faltriquera del erario argentino.
El gobierno actual está enfrentando esa realidad heredada. No sólo en el caso del poderoso grupo alemán, sino también de las empresas de servicios públicos privatizadas. Su situación legal es diferente a la de la empresa germana, ya que ésta última pide por un contrato caído. En la delegación argentina, ayer se relataba la labor del embajador alemán en Buenos Aires, Rolf Schumacher, quien, según una importante fuente consultada, “está trabajando bien para solucionar este entuerto”.
Ayer mismo, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, comenzó la ronda de pre-negociaciones con los alemanes. El conflicto legal es un asunto; otro es la participación de Siemens en la finalización de la central nuclear Atucha II, cuyo diseño es obra de su ingenio. Si bien los germanos han dejado de lado ese tipo de desarrollo energético, se asociaron con una empresa francesa –Areva, que posee el caudal accionario mayoritario– para encarar la terminación de la obra. Hoy quizá se sepa en qué punto están esas negociaciones.