Edesur y la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos suscribieron ayer una Carta de Entendimiento acordando un régimen tarifario de transición entre noviembre de 2005 y septiembre de 2006 y la forma en que se definirá la Revisión Integral del cuadro tarifario para los siguientes cinco años. Sólo una vez establecida esa revisión, cuya responsabilidad recae exclusivamente en el sector público, y luego de su publicación en el Boletín Oficial, el concesionario y sus accionistas desistirán de toda demanda legal relativa a la interrupción del contrato por la emergencia económica declarada en 2002.
El acuerdo entre la concesionaria controlada por Endesa y la UniRen prevé “un aumento en la tarifa media no superior al 15 por ciento a partir del 1º de noviembre de 2005, del cual quedarán excluidos los clientes residenciales”. Entre la firma de la presente Carta de Entendimiento y el 30 de septiembre de 2006, se establece que se realizará “una Revisión Tarifaria Integral a cargo del Ente Nacional Regulador de la Electricidad, proceso mediante el cual se fijará un nuevo régimen tarifario con vigencia a partir del 1º de noviembre de 2006, por un período de cinco años”.
La particularidad de esta forma de resolver el nuevo cuadro tarifario es que pone en manos exclusivas del ente regulador su definición. Los criterios que siga el ENRE para diseñar ese nuevo cuadro tarifario deberán guiarse por lo establecido por el marco regulatorio original de la concesión, es decir el fijado a principios de la década del 90. Por su parte, Edesur se compromete a realizar inversiones por 215 millones de pesos en el año 2006.
Es el mismo procedimiento que se fijó para Edelap, la distribuidora del área del Gran La Plata controlada por la estadounidense AES. Ese contrato ya pasó por el Congreso y fue aprobado tras una fuerte polémica, en la que abundaron las sospechas de “coimas” en los discursos de la oposición durante la sesión en Diputados. En ese caso, se explicó que la suba en la tarifa media del 15 por ciento, excluyendo a los residenciales, le representaba a la concesionaria un incremento en sus ingresos del 23 por ciento.