Los jueces de la Cámara del Crimen todavía no tendrían decidido si confirman el procesamiento de los seis funcionarios del Gobierno de la Ciudad que están imputados de homicidio culposo agravado –de dos a cinco años de prisión– o si le piden al juez Julio Lucini que investigue más y agregue nuevos elementos para redondear la acusación. Lo único que está descartado es un sobreseimiento. Lo que entra en juego respecto de los funcionarios son los siguientes elementos:

- Lucini sostiene que son responsables por negligencia, ya que debieron controlar y no controlaron. Uno de sus argumentos centrales es que el defensor adjunto de la Ciudad, Atilio Alimena, advirtió sobre la situación de peligro en los boliches.

- Sin embargo, en el listado de boliches en situación de peligro citados por Alimena no figuraba Cromañón.

- De todas maneras, existía una reunión los lunes en que se resolvían las inspecciones que debían hacerse. Lucini sostiene que en esas reuniones debió disponerse el control sobre Cromañón.

- El juez también menciona que prácticamente no hubo controles ni inspecciones a los boliches. Este punto es uno de los que será crucial. El subprocurador porteño, Luis Cevasco, que funciona bajo la órbita del Poder Judicial, no del Ejecutivo porteño, sostuvo judicialmente que en la zona de Once el peligro no eran los boliches, sino los vendedores ambulantes, y hay un informe de inspecciones a 237 locales. Del otro lado está lo que afirma Alimena sobre la inexistencia de control alguno y allí entra en juego si el defensor adjunto fue objetivo o no e incluso si tiene peso la acusación en su contra por maniobras con empresas que se dedicaban a gestionar certificados de bomberos.
Como no existe imputación de coimas contra los funcionarios –sí contra los policías y en especial los de la comisaría de la zona–, lo que tendrán que evaluar los jueces es si hubo o no inactividad en el control y si los elementos existentes hasta hoy son suficientes para la acusación o hay que profundizar la investigación.