Recién ayer se puso en marcha la causa iniciada por dos abogados, entre ellos Ricardo Monner Sans, para que se investigue la denuncia realizada por la senadora Cristina Fernández de Kirchner y el presidente Néstor Kirchner sobre lo que denominaron el “pacto de desestabilización”. En fuentes tribunalicias sostienen que sólo existiría delito si se configura el atentado contra el orden constitucional o la rebelión, algo que –al menos aparentemente– no es lo que denuncian el primer mandatario y su señora. Lo que sugiere el matrimonio presidencial es que hombres del duhaldismo o el menemismo financian a agrupaciones piqueteras, lo que –según dicen en los Tribunales de Comodoro Py– no constituiría delito.
El juez Claudio Bonadío y el fiscal Jorge Di Lello realizarán un primer análisis de la denuncia en las próximas horas. Aunque no es seguro, existe la idea de pedirles al Presidente y a la senadora que precisen –en todo caso lo harían por escrito– en qué consiste su denuncia del pacto de desestabilización. Por lo que ayer dejó trascender el ministro Aníbal Fernández, se trataría del financiamiento de movimientos piqueteros por parte de dirigentes del duhaldismo y del menemismo. También se habla de que los hombres de los ex presidentes, más los de la agrupación de Luis Patti, ponen palos en la rueda en el Congreso nacional.
Si la acusación se circunscribe a esos elementos, todo indica que el expediente se archivará, porque se trata más de una denuncia política que de un atentado contra el orden constitucional o una rebelión. Las cosas quedarían entonces en lo que muchos consideran un exceso de la campaña electoral y otros lo ven como parte de una batalla crucial contra “la vieja política”.
“No está para nada probado que gente de Duhalde financie a movimientos piqueteros. Pero supongamos por un momento que efectivamente sea así. ¿Cuál sería el delito? Según nuestra opinión, ninguno. Supongamos por un instante que el trío Menem-Duhalde-Patti le ponen palos en las ruedas al gobierno de Kirchner. Tampoco hay elementos de delito. Si lo que se intenta desestabilizar es la política de gobierno del Presidente, tampoco vemos mérito para avanzar en una causa judicial. Ahora, si nos dicen que hay hechos concretos para hacer caer al Gobierno a través de una rebelión o algo así, ahí entramos en otro terreno. Pero por ahora no se han dado evidencias de esta última alternativa”, razonó ante Página/12 un integrante del fuero federal.
Una vez que evalúen la denuncia de los abogados, Bonadío y Di Lello tomarán una decisión, aunque todo el aspecto es que considerarán los dichos de los Kirchner como una expresión de la confrontación política.