Eran las postrimerías del último gobierno de Carlos Menem. A mediados de 1997 la venta de todas las empresas de servicios públicos se había completado. También YPF, el Correo y los Aeropuertos. Pero el supuesto enemigo a vencer, el déficit crónico de las cuentas públicas, estaba más fuerte que nunca. Ante estos magros resultados, al menos en términos de los objetivos explícitos, desde el FMI se proponían las llamadas “reformas de segunda generación”. Al Estado Nacional le restaban pocos activos y la mira cayó sobre el Banco Hipotecario.
No deja de sorprender que la ley que inició la privatización del Hipotecario, la que originó su transformación en sociedad anónima (24.855/97), se haya denominado “De desarrollo regional y creación de empleo”. El objetivo enunciado por la norma era la constitución de un “Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional”, que entre sus objetivos tendría la construcción de viviendas. Para la formación de este fondo se establecía la privatización de una porción “minoritaria” del Banco Hipotecario, lo que requería su transformación en S.A. De esta manera, la operación sólo aparecía como una simple estrategia de “capitalización” de la entidad que poseía alrededor de la mitad del mercado local de hipotecas. Los tiempos no jugaron a favor.
Algunas dificultades políticas, pero especialmente las turbulencias de los mercados emergentes, con las crisis del sudeste asiático y Rusia, y la inminencia de la caída de Brasil, dilataron la colocación de, inicialmente, el 28 por ciento de las acciones, que sólo pudo concretarse en los primeros días de febrero de 1999. El intermezzo fue suficiente para que se geste un novel modelo de control de la entidad que favorecería a los accionistas privados en desmedro del accionista mayoritario, el Estado. Sobre 13 directores, el sector público sólo conservó cuatro.
El nuevo adquirente, el multimillonario financista George Soros –quien por entonces, junto a sus socios locales, ampliaba sus activos en la Argentina– desembolsó 288,7 millones de dólares por el 14,5 por ciento de las acciones, una porción que lo habilitaba a ejercer una opción por otro 18 por ciento. Una extrañeza matemática pergeñada durante la gestión de Pablo Rojo como primer presidente del BHSA posibilitó a Soros nombrar a 8 directores, incluidos a los nuevos presidente y vice de la entidad.
Los socios locales del magnate de origen húngaro eran dos jóvenes promesas del empresariado nacional, Eduardo Elsztain y Marcelo Mindlin, por entonces presidente y vice, respectivamente, de IRSA. Luego vendría la etapa de ampliación del control y de la compra, por parte de los socios locales, de la participación de Soros, pero esa es otra historia.