Cuando fueron detenidos hace más de un año, las cámaras de televisión se habían dado una panzada con los disturbios. Lo que se veía en la pantalla parecía mucho más de lo que estaba sucediendo. En algunos casos, como el 19 y 20 de diciembre de 2001, la presencia de la televisión fue convocante. Pero en éste, transmitían un anticlímax que produjo un efecto contrario y los manifestantes fueron apresados en el marco de un fuerte rechazo de la opinión pública alimentada por la pantalla.
Se estaba manifestando contra un Código de contravenciones al que los manifestantes cuestionaban por intolerante y autoritario. Y los sucesos en las puertas de la Legislatura mostraban también una fuerte carga de intolerancia. Fue casi manifestación contra sí misma. Es cierto que los ánimos estaban caldeados porque mucha gente arriesgaba su fuente laboral en esa discusión, y que no todos participaron en los disturbios, pero así se dieron los hechos.
En ese contexto de fuerte presión, acentuada por uno de esos momentos histéricos de la opinión pública, a los detenidos tras la represión –algunos de los cuales aseguran que ni siquiera estaban en la manifestación y otros que aceptan que formaban parte de ella pero que no participaron en los desmanes–, les encajaron una acusación desmedida de coacción agravada y privación ilegítima de la libertad.
Los incidentes de la manifestación terminaron fortaleciendo las posiciones menos progresivas del Código, es decir, tuvieron un efecto contrario al que buscaban los manifestantes. Pero ni habían sido tan terribles como aparecían en las tomas parciales de los noticieros y mucho menos se podía argumentar que se hubiera producido una privación ilegítima de la libertad como puede suceder con los secuestros o en tomas de rehenes.
El afán supuestamente ejemplificador de la carátula que les colgaron implicaba penas durísimas y generó situaciones sin sentido porque el grupo de los detenidos en la Legislatura quedó en prisión mientras otros acusados de delitos más conmocionantes, como María Julia Alsogaray u Omar Chabán, podían permanecer en libertad mientras se desarrollaran sus juicios.
La intervención de la Justicia en temas relacionados con la protesta social puede ser legítima. Pero la judicialización –o el abuso de esa intervención– de la política o la protesta produce estos desfasajes porque la justicia absorbe los climas crispados de la política, o las presiones mediáticas, y termina actuando en función de ellos.