Los jueces fueron muy categóricos en la acusación por coimas. Procesaron a los comisarios Carlos Rubén Díaz y Miguel Angel Belay y al subcomisario Carlos Rubén Díaz por cohecho pasivo, es decir recibir dinero de coima a cambio de permitirle a Cromañón seguir funcionando pese a que se estaban haciendo recitales en un local habilitado para bailes y a que, evidentemente, ingresaba mucho más gente de la permitida por la habilitación. Es más, como cobraban 100 pesos por cada 500 personas que entraban, a los policías les interesaba que entrara la mayor cantidad de gente posible.
La Cámara considera que “el pacto espurio” entre Chabán, su mano derecha Villarreal y los policías fue clave para el desenlace de la tragedia, porque los policías tenían las facultades y la obligación de denunciar las irregularidades ocurridas en Cromañón ya que la autoridad de aplicación del Código Contravencional es, justamente, la Policía Federal.