- Elisa Carrió, diputada del ARI: “Lo sucedido es un genocidio social y una autoamnistía dirigida a aquellos que saquearon el país. Hay riesgo democrático con la intervención de sectores militares para asegurar la paz social. Se suicida toda la clase dirigente argentina, hay vacío legal y una falta total de reglas, el país va a entrar en una posguerra sin guerra. La ley de Subversión Económica estaba en la agenda del Fondo (Monetario Internacional) a petición de los banqueros que podrían ser procesados y su derogación significa la impunidad final para la fuga de dinero en el país y para el lavado de dinero que no sea del narcotráfico. Con esta derogación no sólo caen muchísimas causas, sino que hay otras que no van a tener ley bajo la cual se investiguen”.
- Cristina Fernández de Kirchner, senadora del PJ, Santa Cruz: “Ayer debe haber sido uno de los días más nefastos del país porque se cierra la investigación sobre el vaciamiento de los bancos y se abre un período de impunidad. Se sancionó la ley que va a impedir investigar los delitos más formidables que se han hecho, por lo menos en la historia de la República Argentina, del sistema financiero, los 66 mil millones de dólares que se sacaron de los bancos nacionales y extranjeros. Los del FMI se preocuparon ahora, después de 28 años de vigencia de esta ley, porque ahora tocó a los poderosos. Cuando negocian con el FMI nadie les dice que si bien nosotros somos deudores, qué pasa con los bancos que fugaron el dinero de los ahorristas argentinos. Con la derogación de la ley de Subversión Económica no solamente se van a caer las causas, hay causas que directamente nunca se van a iniciar, los bancos van a seguir retirando dinero del país sin ningún tipo de responsabilidad. No solamente Rohm, Mulford y los que están en las causas hasta el momento, lo que querían en el FMI era cerrar el capítulo argentino del vaciamiento de los bancos”.
- Rodolfo Terragno, senador radical: “La derogación se logró mediante extorsiones, por carácter transitivo, en las cuales el FMI extorsiona al gobierno nacional y éste a los gobernadores. Se sabe que el gobierno nacional tiene muchos recursos y las provincias dependen de que les giren los fondos, y el poder central tiene muchas formas de negar o demorar el envío de recursos. Verani debe haber pensado que esta ley de todas maneras iba a salir, y la está exigiendo el FMI. Esta ley fue sancionada en el año 1974 y nunca impidió que llegaran los capitales, ni las privatizaciones. Hasta ahora, nunca el FMI había visto un peligro en esta ley, hasta que fue preso el Carlos Rohm. Se sabía del día anterior lo de la legisladora Isidori. Vamos a tener que analizar muy a fondo todo lo que ocurrió y cuáles son sus posibles consecuencias”.
- Alfredo Avelín, gobernador de San Juan: “El Ministerio del Interior presionó a mi hija, la senadora Nancy Avelín, para que vote ayer en favor de la derogación de la Ley de Subversión Económica. Pero parece ser que en la Nación no saben que las convicciones no se negocian, se defienden. Fue a cambio de financiamiento y de un adelantamiento de fondos para poder pagar salarios a los empleados públicos sanjuaninos. Acá hubo una extorsión y un apriete. Me da asco todo esto. La extorsión se la pienso contar al propio presidente Eduardo Duhalde la semana que viene. Si José Luis Gioja, me hubiera hablado, lo mandaba al diablo”.
- Aníbal Fernández, secretario general de la Presidencia: “La derogación de Subversión Económica fue una exigencia del FMI que no tenía mucha razón de ser, permitirá que el país vuelva a insertarse en la comunidad internacional. No tenía razón de ser que esto se exigiera como un punto a resolver en forma inmediata, pero de hecho está resuelto junto con la Ley de Quiebras y los acuerdos con las provincias. No tiene sentido que no comprendamos que el mundo es uno y que tener luz verde, carné de club del único mundo que existe, nos abre las puertas a la reconstrucción de una Argentina distinta”.
- José Luis Gioja, presidente del bloque de senadores del PJ: “La derogación servirá para ordenar al país. Los senadores cumplieron con una tarea pendiente y con un mandato del Ejecutivo y de los gobernadores que se comprometieron en esos 14 puntos. Aunque el resultado fue ajustado, respondió a la mayoría de esa Cámara y por suerte para el justicialismo ahora es ley de la Nación. Las figuras que tiene el Código Penal permiten que no haya impunidad. Hay una instrucción precisa del jefe de los fiscales para que recaratulen las causas necesarias, y lo encuadrado en esta ley se incorporará al Código Penal”.