Mientras algunas escuelas, públicas y privadas, deciden por propia iniciativa la implementación de la educación sexual a sus alumnos, el tratamiento de los proyectos que consagran la obligatoriedad de esa asignatura en todos los establecimientos porteños está empantanado en la Legislatura. La iniciativa impulsada por diputados kirchneristas, que establece la educación sexual de los niños desde los cinco años, tiene los votos suficientes como para constituirse en despacho de mayoría en la Comisión de Educación, paso previo para ser considerada en el recinto legislativo. Pero ese consenso deberá esperar si prospera la convocatoria a una audiencia pública, impulsada por el macrista Santiago de Estrada, vicepresidente primero de la Legislatura y representante de las ideas de la jerarquía católica.
El proyecto que impulsan Ana María Suppa, Diego Kravetz y Florencia Polimeni plantea que la educación sexual debe implementarse en todas las escuelas, públicas y privadas, durante los ciclos de enseñanza obligatoria: desde el preescolar hasta el final de la escuela media. De acuerdo con esta iniciativa, es el Estado –a través de la Secretaría de Educación– el que debe establecer los contenidos para cada nivel.
Este proyecto naufragó en diciembre de 2004, cuando no alcanzó mayoría como para superar al presentado por De Estrada, que propone la educación sexual a partir de séptimo grado del nivel primario y establece que los contenidos sean fijados por los padres y los docentes de cada establecimiento.
Ambos proyectos avanzaron este año. El de Kravetz y compañía ya logró el apoyo de seis de los nueve miembros de la Comisión de Educación: Juan Manuel Velasco (ARI), Marcos Wolman (Izquierda Unida) y María Eugenia Estenssoro (independiente) se sumaron a Suppa, Polimeni y el propio Kravetz y están en condiciones de firmar un dictamen de mayoría, algo que podría ocurrir esta misma semana. Por otra parte, De Estrada cuenta con el apoyo de los macristas Marcelo Godoy y Marcos Peña, que le alcanza para consagrarlo como dictamen de minoría.
Esas firmas habilitarían a ambos a ser tratados en el recinto, pero eso no ocurriría hasta que no se defina si se celebra la audiencia pública: el propio De Estrada presentó 21 mil firmas –reunidas en colegios católicos y templos evangélicos– solicitando ese procedimiento ante el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad, que ahora analiza la legitimidad del pedido y de las firmas. “El plazo que tiene el tribunal es de 45 días hábiles, así que estimamos que habrá una respuesta a mediados de diciembre”, dijo De Estrada ante Página/12. “La consulta podría realizarse en febrero”, manifestó. De acuerdo con la Constitución de la ciudad, es necesaria la adhesión del 0,5 por ciento del padrón para solicitar una audiencia pública. Es decir, la firma de al menos 13 mil ciudadanos.
Suppa considera que esta presentación tuvo como única finalidad que el proyecto no se trate este año. “Ya hicimos audiencias durante 2004 en la Comisión de Salud, adonde concurrieron todos los sectores”, afirma. De Estrada sostiene que este procedimiento es “más formal (que el ya realizado), ya que los participantes se tienen que anotar y tienen cinco minutos para hablar”.
La legisladora kirchnerista afirma que más que una audiencia pública, debe convocarse a una consulta popular para que la ciudadanía se pronuncie sobre uno u otro proyecto. Ya hay un proyecto en ese sentido que debe ser aprobado por las comisiones de Participación ciudadana y Asuntos Constitucionales.
En cualquier caso, la educación sexual no será sancionada este año: “Si se aprueba el dictamen, puede ser tratado en marzo del año que viene”, estimó Suppa. Será entonces una Legislatura con otra composición la que aborde el tema. Aunque el macrismo será el bloque mayoritario, con 22 legisladores sobre 30, no todos adhieren a la doctrina De Estrada: la diputada Sol Acuña expresó su adhesión al de mayoría y Rodrigo Herrera Bravo ha presentado una iniciativa más parecida a la del bloque K que al de sus pares de bloque.
En defensa de su propuesta, De Estrada sostiene que ya hay muchas escuelas donde se implementa la educación sexual, “con contenidos fijados por las escuelas”.
–¿De aplicarse ese criterio, no quedarían en desventaja los alumnos de escuelas donde los padres se opongan a la educación sexual? –preguntó este diario.
–No, porque será obligatoria.
–Pero los padres no son especialistas, como para fijar contenidos.
–Los padres tendrán algún tipo de participación, pero los contenidos los fijará la escuela.
En los antípodas, la diputada Suppa sostiene: “Nuestro proyecto defiende a la escuela pública, porque es el Estado el que fija los contenidos básicos, que serán iguales para todos. En cambio –agrega–, con el de Santiago De Estrada se privatiza la decisión”.
Para los diputados que impulsan este proyecto, sería fundamental el apoyo del jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, y de su secretaria de Educación, Roxana Perazza, quienes todavía no se pronunciaron a favor de ninguno de los dos proyectos en juego.