“La instalación de las papeleras cambiará la cara de Gualeguaychú. Afectará los recursos naturales y repercutirá sobre la economía regional, con pérdidas de más de mil millones de dólares que todavía no se sabe quién pagará”, advierte Héctor Sejenovich, uno de los especialistas en economía ambiental convocados por la fracasada comisión binacional argentino-uruguaya. Entre las cuestiones que analiza el documento elaborado para medir el impacto que tendrá la construcción de las dos plantas, Sejenovich se detiene sobre un aspecto al que considera que no se le ha prestado la debida atención: el deterioro económico y las consecuencias que ejercerá en la vida de los habitantes de la zona.

–¿A qué se refiere cuando menciona en su investigación que la instalación de las papeleras generará un “pasivo ambiental” irrecuperable?

–Al analizar las consecuencias que tendrá un proyecto de esta envergadura debemos contrastar su rentabilidad con las pérdidas que significa. En el informe nosotros hablamos de un “lucro cesante”, es decir aquellas potencialidades de los recursos naturales de Gualeguaychú que serán reprimidas, como producto de la generación de dioxina que provoca la industria del papel y el consecuente aumento de los niveles de cáncer en la población.

–¿Pero cuáles son los efectos económicos que tiene esa contaminación?

–La dioxina se impregna en los pastos y es ingerida por las vacas, con lo que en diez años no va a ser posible exportar esa carne a Estados Unidos y Europa, ya que tienen un alto control sobre los volúmenes de dioxina. Lo mismo pasa con el sábalo o la miel. Esto, sumado a la desvalorización de la infraestructura edilicia y a la disminución del turismo, significa una pérdida para los próximos años que se aproxima a los mil millones de dólares. Y ni siquiera tomé en cuenta otros recursos como la exportación del carpincho o el ñandú, que forman parte de la fauna autóctona de la zona y que tienen también un valor incalculable. Ahora, lo que nos tenemos que preguntar es quién pagará todo esto.

–¿No le correspondería al inversor?

–Generalmente toda inversión debe contemplar un porcentaje para un fondo que se denomina de “remediación ambiental”, es decir un porcentual destinado a subsanar los daños ecológicos que una empresa puede generar. Así lo establecen nuestras leyes nacionales y siempre se ha respetado. Todo proyecto de inversión incluye un manual de gestión ambiental.

–¿Usted está al tanto de si las firmas Ence y Botnia han presentado uno?

–Este caso es más complicado. En primer lugar, porque generalmente ese porcentaje no supera el seis por ciento del capital. Sin embargo, en el caso de las papeleras, tomando en cuenta el nivel de daños que ocasionarán, la inversión llegaría casi al ciento por ciento. Por otro lado, hay una discusión de competencia jurídica en tanto el marco legislativo de los países de donde proviene el capital –España y Finlandia– no contemplan los efectos perniciosos transfronterizos. Y, como si fuera poco, la falta de información es muy grande y no contribuye a esclarecer el panorama. Si las dos papeleras aseguran que no hay contaminación y no hay daños, ¿cómo definir el porcentaje destinado a cubrir esos efectos presuntamente inexistentes? Uruguay no ha dado hasta ahora ningún tipo de información. Fue por eso que fracasó la comisión binacional.

–¿Cuáles son las alternativas posibles para superar el conflicto?

–En realidad, hay que profundizar mucho más cuáles son las tecnologías adecuadas, así como todos aquellos aspectos que deben entrar dentro de un plan de desarrollo sustentable. Todo proyecto productivo no sólo debe tomar en cuenta los puestos de trabajo que genera. Debe contemplar todos los recursos y potencialidades de la región en relación con los efectos de degradación que pueden producir. Por ejemplo, en este caso la materia prima podría ser utilizada para la producción de madera. La industria maderera tiene el doble de rentabilidad que el papel, genera una ocupación ocho veces mayor y casi no genera contaminación.

Reportaje: Carolina Keve.