Primero los hechos. La reciente anulación de las leyes de obediencia debida y punto final han comenzado a producir resultados palpables en la Argentina. Hace pocos días, el ex comisario de policía Miguel Etchecolatz, símbolo vivo del período más siniestro del terrorismo de Estado, fue condenado, con todas las garantías del debido proceso, a reclusión perpetua por el delito de genocidio. Uno a uno, testigos sobrevivientes de las atrocidades de este genocida, relataron con minuciosidad las escenas de horror a que hace hoy 30 años fueron sometidos. Uno de los testigos clave de este proceso, el albañil Julio López, que tiene hoy 77 años, se encuentra desaparecido desde hace dos semanas. Este hecho, de por sí de extrema gravedad, adquiere una dimensión aún mayor, sobre todo si se tiene en cuenta su carácter inédito desde la recuperación de la democracia en 1983. Jamás, ni durante el período más álgido del juicio a los comandantes de la dictadura militar, había ocurrido un hecho de esta naturaleza. El caso, que conmueve al Gobierno y a la sociedad, amenaza con convertirse en un verdadero vendaval político. Día a día se suceden las marchas y movilizaciones que exigen la aparición con vida de este testigo clave. A pesar de ciertos exabruptos, por otra parte previsibles y a los que ya nos tiene acostumbrados el ministro del Interior (“podría estar en la casa de un tío”), hasta ahora ha primado la cautela y la cordura en las reacciones de la mayoría de los actores políticos y sociales involucrados en el tema. Esto no impide, sin embargo, que la peor de las hipótesis ronde en el pensamiento de la mayoría. Cualquiera sea el desenlace de esta historia, la misma constituirá seguramente una divisoria de aguas, en esta ya larga lucha por acabar con la impunidad de los crímenes de Estado.

En este contexto, colocar el problema en su justa dimensión constituye la mejor contribución al presente y al futuro, no ya y no sólo de los derechos humanos, sino de nuestra propia existencia como sociedad democrática. El CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), uno de los más importantes organismos de derechos humanos, está dando hoy, sin lugar a dudas, una contribución decisiva en la dirección correcta. En nada ayuda una caracterización falsa o imprecisa de un hecho cuya magnitud resulta de por sí impresionante. No estamos aquí, según las ponderadas palabras del director de esta institución, frente a un caso de delito de “desaparición forzada”, el que para configurarse exige que haya existido privación de libertad por parte de agentes del Estado o personas que actúen con autorización del mismo y que además el Estado niegue cualquier tipo de información sobre el hecho. Por el contrario, el Estado ha reconocido la desaparición y se ha colocado al frente de la búsqueda. Pero qué tipo de Estado se encuentra al frente de la búsqueda, parece constituir el dato clave en relación a una serie de enigmas que amenazan con devorarnos también como sociedad.

El propio presidente Kirchner ha tomado cartas directamente en el asunto declarando textualmente, con absoluta razón, que “el pasado no está derrotado ni vencido”. Pareciera que la hora, en una precisa caracterización, más que dramática fuera decisiva. Caracterizarla como dramática daría la impresión que no sólo el pasado sino además el presente y el futuro se ofrezcan como irreparables. Más allá del desenlace concreto de la cuestión, donde el peor de los finales desgraciadamente no puede descartarse y más allá de las diferencias no menores ya señaladas con los hechos del pasado, ciertos males se repiten pero ahora ya con otros responsables en el timón del gobierno y del Estado.

Este trágico suceso remite prácticamente sin mediaciones al enorme problema del funcionamiento democrático y transparente de los cuerpos de seguridad del Estado, funcionamiento que más de 20 años de democracia han solo podido modificar positivamente mucho más en la forma que en la sustancia. Atacar este problema constituye todo lo contrario a un detalle en el futuro de la lucha contra la impunidad. Para comenzar, una protección real y eficiente de una enorme cantidad de testigos clave, constituye una condición imprescindible, aunque no suficiente, para llevar a buen puerto la nada despreciable cantidad de juicios pendientes y que necesariamente deben continuar.

Para retomar las palabras textuales del Presidente, no sólo el pasado, sino también el presente parece no estar derrotado ni vencido. Si no se asume con seriedad y como política de Estado una profunda reestructuración de las fuerzas de seguridad, los fantasmas del pasado continuarán frecuentándonos en un presente intolerable y un futuro que no será tal.

* Diputado nacional (ARI).