Al gobierno boliviano le cayó como un balde de agua fría la noticia de que uno de sus ciudadanos estaba detenido en Argentina por comercializar hojas de coca. El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, aseguró que no se les había informado de la situación y anunció que se harán gestiones para recuperar la libertad de Irineo Mora Sandi, aunque es consciente de las dificultades para lograrlo. El colaborador más cercano que tiene en el gabinete Evo Morales contó que en varias entrevistas sostenidas con funcionarios de la Casa Rosada, en el marco de la Comisión Mixta Argentino Boliviana, se ha propuesto despenalizar el consumo de la hoja de coca en Argentina “teniendo en cuenta el enorme consumo que existe en las provincias del Norte”.

“Resulta un contrasentido que en Tucumán, Salta y Jujuy exista un mercado de la coca, pero su circulación esté prohibida. Es como una política de doble moral, porque se contradice la norma y la costumbre. Creemos que el consumo de hoja de coca en Tucumán, Salta y Jujuy no constituye una moda, sino una costumbre arraigada. Así lo demuestra la investigación de Silvia Rivera Cusicanqui, que determinó que el comercio de hojas generaba 50 millones de dólares. Eso quiere decir que toda esa cantidad de dinero circula ilegalmente”, dijo el ministro Quintana.

La investigación de Rivera Cusicanqui determinó que anualmente se exportan de Bolivia hacia Argentina 1200 toneladas de la hoja sagrada boliviana. Este volumen no está destinado al consumo de bolivianos, sino de argentinos que han hecho del “acullico” una costumbre socialmente aceptada. Rivera descubrió que muchos pequeños comercios del Norte subsisten gracias a la comercialización del arbusto y que la disponibilidad de mercancía se anuncia incluso en letreros de neón.

Es por eso que Quintana toma la investigación de la socióloga de la Universidad Mayor de San Andrés, de La Paz, para justificar su pedido. “No se trata de una moda, sino de una costumbre muy arraigada”, dice, y la investigación lo demuestra con datos: en 1916 ya se exportaban 200 toneladas de coca boliviana hacia Argentina y en la actualidad el 25 por ciento de la producción de las 28.000 hectáreas de coca producidas en Bolivia llegan de manera legal a las fronteras con Argentina y Chile, superando ampliamente la capacidad de consumo de las poblaciones fronterizas.

Rivera apunta que el consumo permaneció sumergido hasta 1989, cuando el gobierno argentino promulgó la Ley 23.737 que legaliza la tenencia y consumo de la hoja de coca en estado natural, pero que prohíbe tanto su comercialización como su cultivo. Esto creó un mercado ilegal dinámico, en el que la coca boliviana cruza la frontera para ser entregada a manos argentinas con una red de coimas que les permite llegar a los centros de consumo masivo (Salta, Tucumán y Jujuy).

Es por eso que Quintana considera que lo mejor que le podría pasar tanto a Argentina como a Bolivia es legalizar la comercialización. Así, Bolivia podría continuar exportando estos volúmenes y Argentina lograría ejercer un mayor control. Esta solicitud fue realizada de manera pública por Morales a Néstor Kirchner el día que firmaron los contratos de compraventa de gas natural.

Quintana propone incluso un sistema de comercialización lícita, análogo al que se maneja en Bolivia. Plantea que la venta sea manejada por ciudadanos argentinos a través de centros de acopio masivos que distribuyan a minoristas. Toda esa cadena debe ser controlada para evitar su desvío al narcotráfico. Además, ese comercio podría atraer divisas para las provincias del Norte, a través de un arancel a la venta de hojas de coca. Pero las gestiones internacionales del gobierno boliviano sobre la coca no se limitan a la Argentina. Desde que asumió la presidencia, Morales ha tratado de abrir mercados para la hoja boliviana y ha hecho contactos que deben concretarse este año con India, China y Sudáfrica. La intención es asegurar compradores para los productos de las dos fábricas de industrialización de la hoja de coca que se están instalando en las zonas de Chapare y Yungas.

De manera paralela, realizan un estudio de mercado de la hoja de coca para saber con exactitud cuántas hectáreas son necesarias para cubrir tanto el consumo tradicional como su industrialización. Estas medidas están destinadas a una campaña internacional de despenalización del consumo de la hoja de coca, que está incluida en la lista de sustancias controlada de Ginebra desde 1961.

Quintana reconoce que lograrlo no será nada fácil y que el primer trabajo del gobierno será convencer a la comunidad internacional de que el hecho de que esté un cocalero en el sillón presidencial no implica que vaya a permitir el crecimiento de la frontera de la coca. Asegura que el año pasado se erradicaron 5040 hectáreas y que actualmente Bolivia tiene 28.000 hectáreas cultivadas. Es por eso que la legalización de 8000 hectáreas más de cultivo no significa un crecimiento, sino un compromiso real de erradicación.

Los sindicatos cocaleros, leales a Evo, son la primera línea del control del tráfico de droga y a ello se suma el fortalecimiento de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico que les ha permitido incrementar los decomisos. Con todo ello piensan demostrarle al embajador estadounidense, Phillip Goldberg, que la legalización de mayor cantidad de hectáreas de coca no significará mayor narcotráfico en Bolivia.