“La misma Justicia está vulnerando sus derechos humanos y la están tratando como una cosa”, cuestionó Gastón Chiller, director ejecutivo del Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS) sobre el caso de la joven entrerriana identificada por sus iniciales MFC. Y planteó la necesidad de reglamentar los abortos no punibles –como el que reclama la madre de la adolescente de Paraná– para que estos casos no se repitan. “Con protocolos de atención se despejarían dudas que tuvieran los médicos de que al cumplir con los términos del artículo 86 del Código Penal no serán denunciados por su responsabilidad penal”, agregó, al ser consultado por este diario.

Chiller objetó la violación de derechos de que fue objeto la muchachita por parte de la jueza de Menores Claudia Salomón, al hacer lugar a una medida de no innovar pedida por la defensora oficial del feto Marcela Piterson y asignar su guarda y la del no nacido al Consejo del Menor de Entre Ríos y prohibir la interrupción del embarazo a hospitales públicos y clínicas y sanatorios privados de Paraná. “La jueza vulneró la integridad física y mental de esta niña, el derecho a estar con su familia e incluso su libertad al internarla en un hogar. Está en juego la violación de sus derechos humanos. La están tratando como una cosa”, objetó Chiller. El viernes, la Cámara de Apelaciones en lo Civil de Paraná revocó la resolución dictada por la magistrada y levantó la prohibición de realizarle el aborto y le devolvió la guarda a su familia, tal como informó Página/12 en su edición del sábado. Pero el fallo todavía no está firme.

Chiller indicó además que el Código Penal es clarísimo en relación a la no punibilidad del aborto. “Es sugestivo cómo empiezan a operar ciertos actores judiciales, como un defensor oficial, cuando se denuncia una violación, en desmedro de la víctima, que además tiene una deficiencia mental”, consideró.