El juez federal de Salta Abel Cornejo es aquél que en octubre de 2001 ordenó la “recuperación de la Ruta Nacional 34” que estaba bloqueada por un piquete. Dos muertos y más de veinte heridos resultaron de aquella represión de la Gendarmería amparada por la orden judicial. Es más, se pudo comprobar a través de videos, la existencia de francotiradores de las fuerzas de seguridad, pero la versión oficial intentaba señalar a los mismos piqueteros como los culpables. Mara Puntano, abogada defensora de los piqueteros y representante de los organismos de derechos humanos en Salta, acusó en su momento al juez de impedirle ver y fotocopiar la causa caratulada como “apología del delito, sedición, interrupción de las vías de comunicación y asociación ilícita”. “El que investiga no nos da ninguna garantía”, sentenció la abogada. Cornejo que ahora falló en contra del decreto presidencial que dispone elecciones internas abiertas en los partidos es uno de los más cercanos al gobernador salteño Juan Carlos Romero.