Muchas veces escuchamos, y hay una cuota de realismo en eso, que se genera una suerte de desigualdad social. La gente pobre está más expuesta a los riesgos negativos que acarrea el aborto que la gente rica. Pero acá no pasa por hacer esa distinción. Si existen los pobres lo que hay que tratar es que no exista la pobreza. Si existe gente que no puede someterse a un aborto en condiciones de relativa seguridad, lo que tenemos que tratar es que esa persona pueda eventualmente tener ese chico, ese niño. Si quiere darlo en adopción que lo dé en adopción. Pero no tratar de buscar una diferencia social sobre la base de un ser humano que vive, y que conforme a nuestra Constitución Federal, artículo 75, inciso 23, debe ser protegido desde el momento mismo del embarazo. Es decir, que es obligación del Estado tratar de que esa madre que está embarazada pueda desarrollar ese embarazo en las mejores condiciones posibles. Es decir, es necesario una política social del Estado para darles a esas personas las condiciones necesarias para que ese embarazo no produzca un efecto negativo en el futuro de su vida, como muchas veces, lamentablemente el aborto produce un efecto negativo, que no acarree daño a la salud, produce un efecto negativo en la vida posterior de una mujer. De modo que más que hablar de diferencias sociales, lo que debemos tratar es de incrementar la labor del Estado para que no se produzcan esos problemas. No matando a un inocente, sino evitando al máximo los daños para la madre.