* Desde Rosario

Tan sólo una década atrás, el “riesgo-país” escapó del vocabulario de los especialistas y, distribuido por los multimedios sobre una nación que ya no exportaba productos sino hijos, nos señaló la incompetencia, estupidez e inutilidad de nuestros esfuerzos y proyectos. Una vez cumplida la instauración del “corralito” y al ritmo de las cacerolas, la frase fue perdiendo protagonismo y emigró de las primeras planas, reducida a su verdadera dimensión de sobretasa que paga un país por sus bonos, en relación con la tasa de interés que paga el Tesoro de los Estados Unidos.

Quienes registraron que la publicitada “objetividad” periodística convertía al índice económico en un “caballo de Troya” para favorecer a veintitantos clientes de títulos, alias el “mercado”, también aprendieron la diferencia entre consumir verdades ajenas y reflexionar por cuenta propia.

Algunos también detectaron que la confianza y la autoestima nacional son factores que influyen en la formación de expectativas económicas, que en definitiva modelan los destinos nacionales.

Como respuesta a una sociedad que reconoce la importancia de los contenidos exhibidos por kioscos, televisores, radios y celulares, en la construcción de nuestra realidad cotidiana, el Congreso Nacional sancionó la ley de medios audiovisuales. La notable diferencia que establece la nueva ley es garantizar que nuestros sentidos no sean rehenes de intereses monopólicos y que podamos elegir entre diversas voces y contenidos, incluidos aquellos que elaboren organizaciones barriales y fundaciones, poetas y músicos del interior profundo, comunidades y minorías.

La ley sólo distribuye la palabra y ofrece la oportunidad de abrirnos a múltiples discursos y puntos de vista. No se ocupa de castigar intenciones destituyentes ni insultos. No exige destacar las obvias similitudes entre la crisis del 2001 con las actuales crisis mundiales o el rol similar que cumplen los globalizados periodistas. Ni siquiera impide el discurso a sembradores de pánico, distraídos y mentirosos profesionales. Sin embargo, las múltiples argucias puestas en marcha para impedir la aplicación de una ley votada por amplia mayoría reconoce cuánto preocupa a ciertos sectores abandonar la exclusividad de la palabra, confrontar argumentos y reconocer los logros y potencialidades del camino que comenzamos a transitar.

Quiénes se oponen a la ley de medios audiovisuales e intentan demorar su vigencia conocen muy bien las dimensiones políticas y económicas de la palabra y las emociones; de modo que su resistencia a la aplicación de la nueva ley implica el tácito reconocimiento del poder de la palabra. Cuando aceptamos que los mensajes distan de ser neutrales y filtran nuestra realidad, también somos capaces de elegir la dirección de nuestros esfuerzos y hasta crear nuestro propio “indicador de solvencia general”. Un índice que bien podría llamarse “confianzapaís” y se construyera con variables que midan resiliencia y cultura de producción, recursos inexplorados y nivel profesional y científico, capacidad creativa y respeto de los derechos humanos, la solidaridad de las mayorías y la aplicación efectiva de justicia social. También, por supuesto, mediría simplemente justicia; ya que la aplicación de la ley de medios otorgará a cada uno de nosotros y nosotras, la efectiva y democrática posibilidad de elegir entre “riesgopaís” y “confianzapaís”.

* Antropóloga Universidad Nacional de Rosario.