Desde Viedma, Río Negro

El fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) en sus argumentos que avalan la potestad del gobierno para regular el mercado de radio y televisión y se eviten los monopolios mediáticos hace hincapié en la necesidad de que existan fuentes múltiples, diversas y antagónicas.

Si bien sería imposible realizar un análisis que mida científicamente cómo es la opinión de los medios en todos los ámbitos de la realidad, la existencia de varias empresas que presten servicios de comunicación audiovisual no necesariamente implicará que exista una pluralidad de mensajes y de representaciones. Por ejemplo, el plan que ha presentado el Grupo Clarín para adecuarse a la LSCA comprende la existencia de nuevas empresas que continuarán con los mismos medios de comunicación y seguirán manteniendo su actual línea editorial, cuestión que lógicamente no implica una vulneración de esa norma.

Entre las variadas empresas comerciales que explotan los servicios de radio y televisión pueden existir diversidad de opiniones circunstanciales sobre un gobierno determinado, pero pueden coincidir por ejemplo en el tratamiento que realizan sobre el conflicto social e invisibilizar a los sectores populares o reproducir los viejos y habituales estereotipos hacia la mujer. De hecho, las principales organizaciones empresarias –que difieren entre sí en su posicionamiento con respecto al actual gobierno– han coincidido en las últimas discusiones paritarias en intentar que los salarios de sus empleados no aumenten demasiado.

Para que existan fuentes plurales, diversas y antagónicas desde el Estado –además de elaborar un marco regulatorio que impida la conformación de los monopolios mediáticos–, se debería jerarquizar e incentivar la tarea que desarrollan los medios alternativos, populares y comunitarios a través de políticas que fomenten su instalación y desarrollo.

Si bien la LSCA reserva un 33 por ciento del espectro radioeléctrico a las entidades sin fines de lucro –algo que sin dudas constituye un avance fundamental y no fue objetado judicialmente–, al transcurrir más de cuatro años de su entrada en vigencia no se vislumbra un cambio en el escenario mediático. Más aún, organizaciones que agrupan a medios comunitarios alternativos y populares reclaman a la autoridad de aplicación que reconozca la existencia de ese tipo de medios y proceda a su legalización, cuestión que se realiza con cuentagotas y generalmente a emisoras de baja potencia.

También se reclama que se realice un plan técnico para saber fehacientemente qué cantidad de frecuencias está disponible y de esa manera realizar llamados a concursos para que el 33 por ciento de los medios de comunicación sean gestionados por organizaciones que no conciban a la comunicación como un negocio.

En ese aspecto es necesario que desde el propio Estado se planteen herramientas para garantizar el derecho humano a la libertad de expresión y la comunicación.

Entendemos que a mayor diversidad de medios de comunicación existirán nuevas miradas sobre la realidad y se podrán expresar otras voces, muchas de las cuales se encuentran ausentes del actual universo mediático, pero que de ningún modo quiere decir que no existan.

* Profesor adjunto de Derecho de la Comunicación de la Universidad Nacional de Río Negro.