Veintisiete mil cooperativas, 4900 mutuales, 500.000 monotributistas sociales, más de 300 empresas recuperadas y autogestionadas por sus trabajadores, 1600 organizaciones de microcrédito, 400.000 productores de la agricultura familiar que producen el 70 por ciento de los alimentos que consumimos, 600 ferias francas y/o de la economía social y solidaria con su característico formato “del productor al consumidor”, 100 almacenes y mercados populares: esta es la economía social y solidaria que, en nuestro país, representa más de un millón de puestos de trabajo aportando aproximadamente el 10 por ciento del PBI.

Como se observa en los números, la economía social y solidaria representa hoy en Argentina una importante capacidad de generación de trabajo y de producción de bienes y servicios para nuestra comunidad. Más aún: sus esquemas de organización proveen a nuestras comunidades una alternativa cada vez más consolidada para pensar en otros modelos de desarrollo: más justos, más humanos y, claramente, más sustentables.

A pesar del escenario descripto, dentro de las organizaciones de la economía social y solidaria nos encontramos con una problemática que se repite en boca de pequeños productores, emprendedores, cooperativas de trabajo y organizaciones dedicadas a la construcción de esta otra economía: es el problema de la comercialización.

Mercedes Caracciolo, docente e investigadora de la Universidad Nacional de San Martín, señala algo muy cierto sobre este tema: “La búsqueda de otras formas de producir más solidarias no puede eludir el requisito de otras formas de consumir con las mismas características”. Esto nos lleva a pensar que, luego del desarrollo de todos estos años, uno de los desafíos centrales para la economía social y solidaria se encuentra del otro lado del mostrador.

En nuestro país, aunque desde el Estado Nacional se realizan considerables esfuerzos por revertir esta situación, contamos en los diversos rubros de la economía con mercados muy concentrados, atravesados por una altísima dinámica de intermediación y por una lógica sumamente especulativa. En este contexto, es natural que los productos y servicios que se generan en clave de economía social y solidaria –donde la búsqueda está en no explotar el trabajo (ni propio ni ajeno), distribuir equitativamente los ingresos, producir en armonía con la naturaleza y con vínculos basados en valores de solidaridad y ayuda mutua– se encuentren con un mercado hostil en donde tienen una difícil participación. A esto se le suma la maquinaria publicitaria que durante años construyó un consumidor que, en muchos casos, se encuentra incapaz de decidir sobre sus compras más allá del precio, la marca y la comodidad a la que está habituado.

De este modo advertimos que el problema de la comercialización tiene de fondo, entre otras cuestiones, un límite cultural y un desafío comunicacional. En la medida que no construyamos –en paralelo a la producción– una ciudadanía crítica que sea capaz de ponderar lo diferencial que tienen para ofrecerle a nuestra sociedad las propuestas provenientes del campo de la economía social y solidaria continuaremos encontrándonos con este problema. Necesitamos que se conozcan, que se valoren y que se elijan de forma consciente y responsable. Para avanzar en este terreno la comunicación puede ser una gran aliada.

Durante todos estos años, se logró incorporar al mercado una vasta cantidad de experiencias de producción de bienes y servicios en clave de economía social y solidaria, sin embargo no se ha logrado desarrollar –al menos no en la misma escala y calidad– ciudadanos consumidores dispuestos a valorar esa oferta distintiva.

Hacia delante, en el debate por la creación de un Ministerio de la Economía Popular y en la tarea que le cabría, emerge como desafío entonces –además de continuar profundizando las políticas públicas para la promoción del trabajo– destinar esfuerzos para la construcción de propuestas comunicacionales de largo alcance que tengan la misión de aportar a la construcción de nuevos paradigmas de consumo en la sociedad.

Campañas de comunicación y sensibilización junto a los medios comunitarios; desarrollo de herramientas para la mayor visibilidad de las cooperativas y emprendedores en cada comunidad; apoyo en las universidades y casas de estudio, haciendo pie en su rol social y en su fuerte capital simbólico, para la capilarización de estos temas en cada territorio... En definitiva, que un mensaje claro y elocuente gane cada vez más presencia en la sociedad: como ciudadanos y consumidores tenemos el poder de decidir qué sociedad queremos a través de cada uno de nuestros actos, inclusive en el acto de comprar.

* Lic. en Comunicación Social. Coordinador del Programa de Economía Social y Solidaria, Secretaría de Extensión, Unicen.