La posibilidad de que el Estado argentino comience a utilizar los servicios de Facebook at Work (FaW) –tal como circuló luego de la reunión entre Mauricio Macri y la Jefa Operativa de Facebook, Sheryl Sandberg– genera una gran preocupación.

La principal señal de alarma está relacionada con la seguridad y privacidad de los datos que, a partir de esta decisión, serían gestionados por Facebook. Sabemos, por las revelaciones de Edward Snowden, el involucramiento que esta empresa ha tenido en las acciones de espionaje internacional de la Agencia de Seguridad Nacional de los EE.UU. (NSA), entregándole datos privados para crear el sistema clandestino de vigilancia PRISM.

Otra alerta refiere al uso de los datos. Facebook no cobra por sus servicios al usuario final. Hay una máxima que resume fielmente esta situación: si algo es gratis, el producto sos vos. El negocio de Facebook es analizar la información subida por los usuarios para venderles a terceros publicidad orientada. En este caso, estamos hablando de que se analizaría la información producida por los funcionarios públicos argentinos. Esta información es sensible aún cuando lo que se analice sean sólo los metadatos y no los datos (entre quiénes se desarrolló una conversación y no el contenido de la misma). Además, dicha información se encuentra protegida por la ley 25.326 de Protección de los Datos Personales, donde se explicita que “El responsable o usuario del archivo de datos debe adoptar las medidas (...) que resulten necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos (...)” y “es prohibida la transferencia de datos personales de cualquier tipo con países u organismos internacionales (…)”

Cabe destacar también la desprotección ante la quedaría el Estado argentino frente al espionaje internacional al dejar la gestión de su información en servidores que se encuentran bajo la legislación de otro país. En Brasil, los documentos de Snowden revelaron que Dilma Rousseff fue espiada y sus datos utilizados para favorecer a empresas norteamericanas en licitaciones públicas. La respuesta fue comenzar a reemplazar sus servicios de correo electrónico por el sistema libre Expresso, desarrollado por una agencia estatal, mientras se evalúa exigir a empresas como Facebook y Google que instalen sus servidores en territorio brasileño. Otros países tienen iniciativas similares. ¿Por qué Argentina iría en sentido contrario, siendo el primer país en entregar voluntariamente sus datos a otra nación? Por extensión se daría una situación única: nuestra propia Agencia de Inteligencia, responsable de detectar en forma anticipada posibles peligros para la Nación en el seno de su estructura, quedaría totalmente a ciegas ya que las comunicaciones a intervenir estarán en servidores bajo la eventual intervención de la CIA ó la NSA, pero no de la AFI.

También como ciudadanos debemos alertarnos ante decisiones que parecen ser tomadas tecnocráticamente, bajo la premisa de que la tecnología es neutral. Nada más lejos de la realidad, especialmente en el ámbito público, donde las definiciones sobre qué tipo de software se utiliza y cómo se establecen mecanismos de seguridad sobre los datos, son parte de una decisión tan política como técnica. Entonces, ¿cuál sería la decisión política de elegir un producto que no ha sido probado nunca a esta escala ni en este sector, cuando existen sólidas plataformas de redes sociales realizadas en Software Libre? Un ejemplo: la plataforma ELGG es utilizada por el gobierno australiano, el británico, el de Canadá y la Unesco entre otros organismos gubernamentales. Por otra parte, si hablamos de eficiencia en el gasto público, el Estado ya cuenta con herramientas (propias y ya pagas) que cumplen las mismas funciones. Por ejemplo, el sistema CLIC (http://clic.gob.ar) <>, desarrollado en convenio con la Universidad Nacional de La Plata. También se han comprado herramientas privativas de comunicación a otras empresas, como Microsoft. En el caso de FaW que, hasta donde trascendió, sería gratuita durante el primer año ¿no deberíamos al menos preguntarnos por qué “la limosna es grande”?

Introducir cualquier herramienta privativa, es decir, una herramienta sobre la cual no conocemos el código es aceptar que pueda hacer “cualquier cosa”: es una caja cerrada sobre la que el Estado no tiene ningún control. Es por esto que SoLAr reclama y defiende desde sus inicios hace doce años el uso de Software Libre en todos los ámbitos y, especialmente, en el ámbito público. La incorporación de Software Libre en el Estado no se trata únicamente de costos, sino fundamentalmente de protección, confidencialidad, accesibilidad, interoperabilidad, compatibilidad de la información, seguridad y soberanía tecnológica.

* Licenciada en Sociología, presidenta SoLAr (Software Libre Argentina).