Una joven de 15 años, oriunda de la provincia del Chaco, vive desde que tenía 5 años en la ciudad de Buenos Aires, con una de sus tías paternas y su grupo familiar. Tiene tres hermanas que, también como ella, han venido desde muy chicas a la ciudad y viven con otra de sus tías paternas. La situación es derivada por el EOE (Equipo de Orientación Escolar) que corresponde a la escuela de la joven, a causa de que, según sus propios dichos, recibía maltratos tanto físicos como emocionales por parte del grupo familiar conviviente. Asimismo, los profesionales del establecimiento educativo observaban que la joven presentaba reiteradas inasistencias, agotamiento psicofísico, bajo rendimiento escolar e inestabilidad emocional. En ese contexto la Defensoría comienza a intervenir, intentando contactar a la joven y al grupo familiar: esto resultó sumamente dificultoso por tratarse de personas con un nivel de agresividad sumamente importante y reticencia a trabajar con la Defensoría. Tras muchas dificultades se logró entrevistar a la joven, quien relató que su tía, su tío y sus primos la obligaban a trabajar, a realizar tareas domésticas, no la dejaban dormir por las noches, muchas veces le impedían ver a sus hermanas y no la dejaban ir al colegio, ejercían sobre ella violencia física y emocional. Se intentó conversar con los tíos de la joven, lo cual resultó infructuoso debido al nivel de violencia que presentaban. Se contactó a la familia ampliada y se acordó en que la joven fuera a vivir con su otra tía paterna, la que estaba al cuidado de sus hermanas, pero esta estrategia no se sostuvo y la joven volvió a convivir con el grupo familiar en el que estaba. No se podía contar con la voluntad de la joven para tomar una medida, ya que ella tenía naturalizada la situación de violencia y estaba sobreadaptada a ella. Se decidió entonces modificar la estrategia. Se siguió entrevistando a las tías, intentando realizar derivación a tratamiento psicológico para el grupo familiar y para la joven, lo cual no pudo lograrse. Después se decidió realizar un acompañamiento de la joven en el ámbito escolar, ya que era muy dificultoso que se presentara en la Defensoría: se acordaron entrevistas semanales. En estas entrevistas, se vio cómo la sobreadaptación a la violencia se plasmaba en los mismos dichos de la joven: “Ahora las cosas están mejor, ya no me pegan tanto”; “Estoy acostumbrada a los malos tratos, lo puedo soportar”; “Por culpa mía que hablé se armó todo este lío...”. Podía leerse alguna cuestión relacionada con que soportar la violencia era el costo que ella debía pagar para vivir en la ciudad y salir así de la situación de suma pobreza en la que vivían sus padres y hermanos en Chaco. A medida que transcurrían las entrevistas, la joven se tornaba cada vez más cerrada, hermética, decía no querer realizar tratamiento psicológico, era reticente a hablar con los profesionales de la Defensoría, empezó a solicitarnos que dejáramos de intervenir y después nos pidió que no fuéramos más: “Ya hice bastante lío”, manifestó en la misma entrevista en la que refirió que su tía le había cortado el pelo contra su voluntad. Por eso, no sin muchas dudas, decidimos no estar tan presentes. Continuamos con una intervención periférica en articulación con la escuela, pero la Defensoría tomó un papel más pasivo: dejó de citar a la familia y de contactar directamente a la joven. Pasados dos meses, la joven se acercó a la Defensoría espontáneamente, diciendo que ya no aguantaba más la violencia y pidiendo ayuda. En la actualidad la joven reside en un hogar convivencial; retomó la escuela y trabaja intensamente en su espacio terapéutico; muy de a poco está pudiendo hablar sobre las situaciones de violencia vividas, visualizándolas críticamente. También se está vinculando con sus hermanas, quienes todavía tienen naturalizada la violencia. Se está realizando una terapia vincular entre las hermanas. A partir de este caso, queremos puntualizar la importancia de tener como eje de la intervención el ejercicio del derecho a ser oído por parte de los niños/as y adolescentes: esto nos permite buscar las resoluciones juntamente con los sujetos, con sus grupos familiares y referentes afectivos; poder pensar en conjunto. ¿Qué pasa cuando el sujeto que tiene derechos vulnerados no desea que esos derechos sean reparados? ¿Se puede trabajar sin respetar la voluntad de estos niños y jóvenes? La pregunta apunta a cómo, en el día a día de las intervenciones, esta concepción que ubica al niño como sujeto de derecho se articula con el rol que ejercemos, de ser la autoridad de aplicación de la Ley 26.061, que establece la posibilidad de tomar medidas excepcionales a fin de restaurar derechos aun contra la voluntad de los titulares de los derechos vulnerados. Una cuestión es qué tipo de derechos vulnerados ameritan, sí o sí, que la Defensoría actúe en pos de su reparación, y cuáles pueden esperar los tiempos del sujeto, siempre teniendo en cuenta la gravedad de la situación, a la vez como la autonomía progresiva en relación con su edad, capacidad de entendimiento y desarrollo evolutivo. Estas preguntas se resumen en el interrogante principal: ¿cuáles son los alcances y límites de la intervención del Estado en concordancia con el Paradigma de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes? Problemáticas como violencia, abuso sexual, derecho a la educación, consumo de estupefacientes, podrían generarnos distintas respuestas a la misma pregunta. Las respuestas sólo podemos encontrarlas en la singularidad de las intervenciones.

* Psicóloga. Coordinadora de la Defensoría Zonal Palermo, perteneciente al Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. QQ Abogada. Integrante del equipo técnico de la Defensoría Zonal. QQQ Trabajadora social, integrante de la Unidad Técnica Especializada en Maltrato Infanto Juvenil del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, CABA. Extractado de un artículo publicado en Teoría y testimonios I. De una lábil inscripción en el Otro.