Ayer comenzaron a regir las fotomultas porteñas, y tras renegociar el contrato con el gobierno de la ciudad las dos empresas concesionarias podrán realizar hasta 300 mil infracciones por mes, es decir, unas 10 mil por día. Según el acuerdo, la mitad de esas faltas deben corresponder a infracciones graves, como violaciones a la luz roja del semáforo y exceso de velocidad, mientras que el resto puede ser por estacionamiento indebido en cualquiera de los barrios de la ciudad, con excepción del micro y macrocentro, donde rige la remoción de vehículos mediante la grúa. El nuevo contrato garantiza a las empresas un ingreso de 3,3 millones mensuales durante por lo menos un año y medio, ya que el proceso licitatorio que se apresta a poner en marcha el gobierno porteño no concluiría antes de 2010.

El control fotográfico de infracciones, conocido como fotomultas, quedó en manos de las empresas Siemens-Itron y Meller, las mismas que lo vienen explotando desde 2001. Itron estuvo vinculada con el grupo Macri. A las dos se les suspendió el contrato en enero, después de que el gobierno porteño comprobó que no cumplían con el cupo de actas fotográficas a infracciones graves que les había impuesto la anterior gestión. En ese momento también se argumentó que la cantidad de actas que llegaban a la Dirección Administrativa de Infracciones era tal que se hacía imposible su procesamiento.

La gestión Telerman había subido el cupo de fotomultas de 100 mil a 150 mil para cada empresa. Y le había impuesto la obligación de que la mitad de las actas sean de infracciones graves. El mismo esquema que ahora cerró el macrismo. Las empresas sólo cumplieron con la cantidad de fotomultas, pero no con el cupo para las faltas graves.

De acuerdo con el contrato renegociado, Siemens-Itron tiene el control en la zona sur de la ciudad, mientras que Meller trabaja sobre la zona norte. Siemens-Itron tiene actualmente ocho móviles operativos y en 30 días deberá incorporar otros tres. Se trata de vehículos dotados de cámaras fotográficas y equipos de radar. “Dos de esos móviles harán control nocturno de velocidad, desde las 21 a las 6 de la madrugada, que hasta ahora no se hacía”, dijo a PáginaI12 el subsecretario de Seguridad Urbana porteño, Matías Molinero.

Meller, por su parte, contaba con seis móviles y diez puestos fijos. El nuevo contrato la obliga a incorporar otros dos puestos fijos y uno más por mes. “Además, en 60 días tienen que poner otros cinco equipos con una nueva tecnología: son cámaras que van a estar incorporadas en los semáforos y se disparan cuando se enciende la luz roja”, explicó Molinero.

Las dos compañías, además, están obligadas a digitalizar todo el sistema fotográfico, ya que vienen trabajando con la vieja tecnología de imagen con revelado en papel. Para eso tienen un plazo de 60 días. La actualización tecnológica debería permitir que las notificaciones de las faltas lleguen a los presuntos infractores dentro de los 30 días.

–¿Cree que la Dirección de Infracciones está capacitada para procesar 300 mil multas por mes? –preguntó PáginaI12.

–Sí, porque hemos dado de baja el convenio con la Policía Federal, por el cual el último mes nos enviaron 260 mil actas. La mayoría fueron rechazadas porque no estaba identificado el presunto infractor –respondió Molinero.

Según fuentes del gobierno porteño, las empresas resignaron el reclamo de una deuda por las últimas multas que no les fueron pagadas. A cambio, recibieron una mejora en la cotización de cada foto: de los 6,85 pesos que recibían por cada multa, ahora van a cobrar 11,65, un 70 por ciento de aumento.

Un dictamen del procurador, Pablo Tonelli, determina que el de las fotomultas es un “servicio público”, por lo cual el equipamiento, al finalizar la concesión, debe quedar en manos del Estado.

–Entonces, si el Estado tiene los equipos y cuenta con un cuerpo de agentes de tránsito, ¿por qué no se hizo cargo de la operación de las fotomultas? –consultó este diario.

–Porque no estamos en condiciones técnicas. Había que invertir en equipamiento para procesar datos, contratar choferes, capacitar gente para operar los equipos... –respondió Molinero.

Por ahora, el Estado se limita a controlar a través de sus agentes de tránsito –ex Guardia Urbana– que realizan unas 2000 actas de infracción por mes.