En el país unos 6300 adolescentes sospechados o imputados de haber infringido la ley penal están cumpliendo algún tipo de medida punitiva ordenada por un juez. Uno de cada cuatro permanece alojado en institutos con regímenes cerrados, a pesar de que la Convención Internacional de los Derechos del Niño, con rango constitucional, establece que la privación de la libertad debe ser el último recurso, y sólo debe aplicarse en casos extremos. Sesenta y siete de los detenidos llevan presos más de dos años. De los datos disponibles, se sabe que casi el 40 por ciento está encerrado por delitos que no se consideran graves, como robos sin armas. La información surge de un relevamiento nacional sobre adolescentes en el sistema penal, que realizaron en forma conjunta el Gobierno, Unicef y la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Mientras están encerrados, la oferta educativa que reciben los chicos menores de 18 años es muy pobre: apenas entre 2 a 5 horas diarias de clases, según el lugar. La mitad de los establecimientos no les da la posibilidad de realizar deportes y casi un 60 por ciento no les propone actividades lúdicas en el marco de un programa de rehabilitación ni de formación laboral.

“En algunas provincias la respuesta es el encierro o nada. También son encerrados chicos en situación de calle, aunque estar en la calle no es un delito. Es una grave vulneración de derechos”, alertó el subsecretario nacional de Derechos para la Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner, al dar a conocer los detalles del informe junto al director adjunto de Unicef Argentina, Ennio Cufino, a un grupo reducido de medios, entre ellos PáginaI12.

“Se debe ver a los adolescentes como adolescentes y no como infractores. Hay una fuerte decisión del Gobierno para realizar esa transformación”, subrayó Paola Vessvessian, secretaria del área, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. Ayer por la tarde, la ministra Alicia Kirchner presentó oficialmente el estudio en la Jefatura de Gabinete: “El Gobierno definió como prioridad mejorar la calidad de vida de niñas, niños y adolescentes, basado en la promoción de sus derechos”, dijo. “Este trabajo es una interpelación sobre la realidad de los menores en lo cuantitativo y lo cualitativo, absolutamente serio y participativo”, explicó y advirtió que “estábamos acostumbrados a políticas sociales homogéneas, originadas en conceptos abstractos, de escritorio, destinadas a tranquilizar conciencias e intelectos de quienes tienen mucho más de entrenamiento en el discurso que en revertir una realidad social afectada por décadas de crisis y abandonos”.

Lerner reclamó al Congreso la reforma del actual Régimen Penal de la Minoridad, vigente por un decreto de la última dictadura militar. “Resulta imprescindible modificarlo” y “avanzar hacia un sistema penal juvenil respetuoso de los derechos, acorde con la Convención sobre los Derechos del Niño y la Constitución Nacional”, opinó. Además, agregó Lerner, se deben adecuar las legislaciones procesales y la organización de la Justicia en cada provincia, y reformular en todas las jurisdicciones las políticas y dispositivos gubernamentales de trabajo con los adolescentes infractores.

El estudio es una fotografía del sistema penal juvenil del segundo semestre de 2007, cuando se llevó a cabo el relevamiento en todo el país. Pero los datos no fueron de-sagregados por provincias.

Sus principales conclusiones son las siguientes:

- Se revelaron 6299 adolescentes menores de 18 años incluidos en dispositivos penales juveniles por orden judicial por estar sospechados o imputados de haber cometido algún delito.

- Hay 1529 adolescentes privados de su libertad en institutos de régimen cerrado, con alambrados o muros y agentes de seguridad que los controla.

- Unos 270 permanecen internados en establecimientos con régimen semicerrado y pueden, en general, salir para ir a la escuela o trabajar solos o supervisados por personal del lugar.

- El resto de los adolescentes, unos 4495 presuntos infractores (71 por ciento del total) están bajo programas no privativos de la libertad, de acompañamiento y supervisión. Pero la mayoría de esos programas “no están especializados” en el tratamiento de jóvenes en conflicto con la ley penal, señaló Gimol Pinto, especialista en Protección de Derechos de Unicef. Sólo se encontraron en nueve provincias programas similares a la modalidad de libertad asistida, una alternativa al encierro sugerida desde el organismo internacional y contemplada en varios de los proyectos legislativos de responsabilidad penal juvenil presentados en el Congreso (ver aparte).

- Las mujeres representan el 8 por ciento del total de adolescentes en distintos establecimientos (cerrados y semicerrados) y el 17 por ciento en programas.

Pinto destacó como “un avance importante” que la privación de la libertad de adolescentes sospechados o imputados de un delito no sea la respuesta mayoritaria que den los jueces. Pero advirtió que el “régimen cerrado” concentra todavía al 85 por ciento de los que están institucionalizados.

Un relevamiento anterior de Unicef, que se hizo en 2005 –y se publicó en 2006–, mostró que en aquel momento había unos 2377 chicos privados de libertad por causas penales. Las cifras no serían comparables, se explicó, por las distintas metodologías de recolección de datos aplicadas. Sin embargo, y aunque en el nuevo estudio podría haber un subregistro de un 20 por ciento, se estima que la cantidad de chicos presos habría disminuido en los últimos años por diversos motivos; uno de ellos, la sanción de la Ley 26.061, de Protección Integral de la Infancia, en 2005, a partir de la cual se empezaron a desarrollar programas alternativos al encierro. En la ciudad de Buenos Aires, donde los cinco institutos de menores dependen de la Nación, la tasa de encierro se redujo casi un 50 por ciento, entre 2003 y la actualidad, según indicó Gustavo Piantino, director nacional para Adolescentes Infractores a la Ley Penal: de entre 550 y 500 se bajó a entre 230, 250, de los cuales unas 21 son chicas. “Esta reducción tuvo que ver con el cambio de criterio de los jueces y con la oferta de medidas alternativas desde Nación”, señaló el funcionario. Entre estas últimas, enumeró un programa de libertad asistida, en el marco del cual técnicos de la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia periódicamente visitan al joven en su ámbito familiar y elaboran un informe que elevan al juez, y otro programa llamado “A la salida”, que obliga a los adolescentes a participar dos veces por semana de alguna actividad colectiva como un taller de formación en algún oficio o alguna actividad deportiva. En la primera modalidad, actualmente hay unos 300 adolescentes y en la segunda, cerca de 90.