El Ejecutivo reclama la sanción de un nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil. Al ser consultado por PáginaI12, el subsecretario de Derechos de la Infancia, Gabriel Lerner, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, aclaró que el Gobierno no elaboró ni enviará ningún proyecto al Congreso. En junio, el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, dispuso, a través de una resolución, la creación de una comisión para estudiar una reforma legal en ese sentido. Pero hasta ahora no designó a sus integrantes. Mientras tanto, en ambas cámaras del Congreso hay diversos proyectos de ley de responsabilidad penal juvenil. Pero todavía no se avanzó en su tratamiento. “Prácticamente todos los bloques tienen uno y casi todos son coincidentes. Yo suscribiría al 98 por ciento de ellos”, señaló a PáginaI12 el diputado Emilio García Méndez, de Solidaridad e Igualdad, autor de una de las primeras iniciativas que se presentaron en la Cámara baja, ex asesor de Unicef y profesor de criminología en distintos posgrados universitarios.

–¿Si hay tantos proyectos por qué no se avanzó aún en el tratamiento del tema? –le preguntó PáginaI12.

–Desde 2005 a hoy no se ha aprobado ningún proyecto que no tenga el guiño del oficialismo –respondió.

–¿Cómo es el régimen vigente?

–Según el decreto 22.278, de la última dictadura militar, los menores de 16 años son imputables y no punibles. Cuando la policía imputa un delito a un menor de 16 queda a disposición de un juez, que cierra el expediente penal y abre un expediente tutelar. En base al artículo 1º de ese decreto, el juez puede disponer de ellos para hacerles estudios y mantenerlos para ello encerrados en institutos. Entre los 16 y los 18 años, el juez ordena un tratamiento tutelar: si da resultado el chico se entrega a los padres o responsables. Puede durar media hora o cuatro meses. Estoy seguro de que entre los más de 6000 adolescentes institucionalizados ninguno es de clase media. Sólo los pibes pobres están recluidos. Si ese tratamiento no da resultado, a los 18 años lo juzgan por los delitos que cometió siendo menor de 18 años y mayor de 16.

–¿Cuáles son los ejes principales de su proyecto?

–Hoy la imputabilidad es a partir de los 16 años. Yo propongo que se suba a los 18 y que entre los 14 y los 18 años haya un régimen de responsabilidad penal juvenil. La privación de libertad está prevista solo para los delitos graves como acceso carnal violento, secuestro extorsivo, robo con violencia u homicidio doloso, por ejemplo. En esos casos, el proyecto establece penas de 3 años para los chicos de 14 a 15 años y de un máximo de 5 años para los que tienen entre 16 y 17 años. Para el 85 por ciento de los delitos que cometen los menores, que son vandalismo, robo, hurto, destrucción de la propiedad pública, propongo que presten servicios a la comunidad. Es decir, ni pasarles la mano por la cabeza ni privarlos de la libertad.

Desde la Fundación Sur y en forma conjunta con una serie de organizaciones, entre ellas el CELS, García Méndez presentó un hábeas corpus colectivo por alrededor de 45 chicos que estaban encerrados en el Instituto San Martín, que depende de la Nación, y que está ubicado en la ciudad de Buenos Aires. La Cámara de Casación hizo lugar al pedido. “Pero la muy progresista Corte Suprema suspendió la ejecución del fallo sin pronunciarse sobre el fondo del asunto. Fundación Sur pidió una audiencia pública y fue concedida para el 10 de septiembre pero un día antes fue cancelada sin explicaciones”, señaló García Méndez.