La familia de Gisella V., una adolescente de 15 años que concurre a la escuela primaria nocturna del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, en el barrio de Barracas, denunció ante la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires que la chica fue expulsada por las autoridades educativas “presuntamente porque está embarazada de siete meses”. La medida, de acuerdo con la denuncia, fue comunicada verbalmente el miércoles pasado, aunque en esa ocasión los responsables del colegio dijeron que “la echaban porque permaneció en la clase acompañada por su hermana menor, Felicia, de 4 años, situación que no está contemplada en las normas de la escuela”.
Gustavo Lesbegueris, defensor adjunto de la Ciudad, afirmó que “ni una ni otra razón son motivos para expulsarla, y mucho menos por el embarazo, cuando las normas vigentes brinda amparos especiales a las alumnas embarazadas y a los alumnos en condición de paternidad”. La situación dio lugar a una polémica que comenzó anoche, en el colegio, con intervención de las partes involucradas, y que se definiría el lunes.
Ayer, en el horario de clases –de 18.30 a 20.30–, abogados de la Defensoría se reunieron con autoridades del colegio, ubicado en Vélez Sársfield 1351, y de la Dirección General de Educación de Gestión Privada, para tratar de buscar una solución al problema. El apoderado legal de la escuela, Juan José Domínguez, en coincidencia con Lesbegueris, le dijo a Página/12 que “no puede haber sido expulsada por el embarazo y tampoco por ir con la hermana, ya que a lo sumo le tienen que decir que se vaya y que venga al otro día, ella sola”. La medida fue adoptada por la directora del colegio, Valentina Heredia, quien habría alegado que “la expulsó porque la alumna la insultó cuando ella le dijo que no podía estar acompañada por su hermana”. De todas maneras, aunque existiría un acta formal donde consta la expulsión, el documento no fue mostrado ayer a la Defensoría.
Tanto Gisella como su mamá, Lidia V., negaron que haya existido el “supuesto insulto”. Lesbegueris se encargó de aclarar que “si bien la chica niega que haya ocurrido el exceso verbal, aunque realmente hubiera ocurrido no sería motivo como para una expulsión, ya que existen normas de progresividad que van desde la amonestación a la suspensión, antes de llegar a la expulsión”. Gisella y su familia viven en la villa 21-24 de Barracas, ubicada a pocas cuadras del colegio. Según la chica, el motivo del problema “es el embarazo, ya que desde que se comenzó a notar la panza, empezaron los problemas con la directora y la vicedirectora”.
De acuerdo con la versión de la familia, uno de los primeros choques se produjo hace un par de semanas “cuando la acusaron de querer adueñarse de una PC (durante las clases de computación) que tenía que compartir con una compañera, acusación que no era cierta porque la otra chica no quería usarla en ese momento”. El miércoles, Gisella fue al colegio junto con su hermana menor, Felicia, “con quien ya había ido en otras ocasiones porque mi mamá trabaja algunos días en las semana, en el Plan Jefas de Hogar, y tengo que hacerme cargo de la nena porque no tenemos con quien dejarla”.
Según Gisella, “los profesores nunca se opusieron a la presencia de mi hermana” en la clase, pero ese día, la directora le ordenó que se fuera y como ella le recriminó la actitud, la respuesta de Heredia fue contundente. “No me contestés porque te doy un cachetazo”, fue, según Gisella, lo que dijo la directora. Voceros del colegio dijeron, en cambio, que fue Gisella la que tuvo una reacción intempestiva: “La directora afirma que la chica la insultó”.
Juan José Domínguez, el apoderado legal de la escuela, aseguró a este diario que la situación “va a ser analizada en profundidad y no se va a cometer ninguna arbitrariedad; éste es un colegio para adolescentes y adultos donde es común que haya chicas embarazadas, de manera que es imposible que se haya producido un caso de discriminación. Ya tuvimos ocho casos y nunca hubo problemas”. El propio Domínguez insistió en que “no puede haber expulsión ni por el embarazo ni por la presencia de la hermanamenor; tiene que ser por otro motivo”. Lo extraño es que Domínguez no esté al tanto de las causas, siendo el apoderado legal del colegio.
Mientras se esperaba una solución al conflicto, la Defensoría del Pueblo recordó que “tanto en la legislación de la ciudad como en la legislación nacional hay normas que protegen a las embarazadas en edad escolar”. La ley 709 de la Legislatura porteña, en su artículo primero, estableció incluso un Régimen Especial de Inasistencias Justificadas no computables para facilitar “la reincorporación de alumnas embarazadas y alumnos en condición de paternidad que cursen estudios en institutos del ámbito estatal o privado dependientes de la Secretaría de Educación” de la ciudad. Por tal motivo “si hubo discriminación, van a tener que volver atrás”, aseguró Lesbegueris.