Después de considerar que existen riesgos para la seguridad aérea en el Aeroparque Jorge Newbery, el Tribunal Oral en lo Federal 4 les reclamó ayer al gobierno porteño, a la Fuerza Aérea y a otros organismos públicos y privados que remuevan los obstáculos instalados en una de las cabeceras de la pista, la misma donde se desencadenó la tragedia de LAPA hace casi diez años. Lo hizo después de que un perito, en el juicio oral que se sigue por el caso, advirtiera sobre los riesgos que genera la existencia de una cabina de gas, un talud de tierra, la reja perimetral y el arbolado en el extremo de una de las pistas, entre otros obstáculos. Además, los jueces instaron a los responsables del aeroparque a “adoptar de manera inmediata las medidas que resulten pertinentes para garantizar la seguridad de las operaciones aéreas, incluido, de ser necesario el cese provisional de las mismas”. Pidieron además que se investigue a los responsables que ordenaron la reconstrucción de los obstáculos.

La preocupación por estos obstáculos ubicados en las inmediaciones de la pista apareció el martes pasado, durante una de las audiencias del juicio, cuando uno de los expertos en seguridad aérea explicó que “el aeroparque porteño es un aeropuerto crítico, pero no peligroso” y estimó que esta situación es “insostenible”. El experto era Alejandro López Camelo, secretario de Seguridad de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA). La semana pasada soportó el ataque de los abogados que defienden a LAPA, quienes pretendían descalificarlo por su relación personal con Enrique Piñeyro, director de cine y piloto, y Gustavo Weigel, uno de los pilotos fallecidos durante la tragedia y a quien la empresa señaló como principal responsable.

El perito advirtió sobre la “cultura empresarial negligente” que rodea al negocio de los vuelos comerciales y mencionó que varios de los obstáculos con los que se topó el avión aquel 30 de agosto de 1999 fueron reconstruidos. Por ejemplo, la casilla de gas del complejo Punta Carrasco (que fue ampliada), los montículos de tierra de la Asociación Argentina de Golf y el muro de contención de aeroparque, que al no ser colapsable (es decir, que ceda ante un impacto), podría ser contraproducente en caso de que un avión se despiste.

Con este testimonio como disparador, los fiscales Guillermo Freiler y Carlos Rívolo sumaron el informe de la Junta de Investigaciones de Accidentes Aéreos, el testimonio del ingeniero aeronáutico y ex asesor del Ministerio de Defensa Ricardo Runza y otros testimonios y presentaron todo el material ante el tribunal oral encabezado por el magistrado Leopoldo Bruglia. En el texto de la denuncia, que recayó en el despacho del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, se afirma que los obstáculos “crean un peligro que afecta la seguridad de las operaciones aéreas”.

En la nómina presentada también se mencionaron la entrada del complejo Punta Carrasco, las señalizaciones de tránsito vehicular, los postes de iluminación de calzada, la arboleda que rodea la zona, los montículos de tierra que se encontrarían destinados a rellenar la costanera (ubicados todos ellos frente a la cabecera de la Pista 13 del aeropuerto metropolitano), el Driving Range de la Asociación Argentina de Golf, el restaurante Clo Clo, el puente peatonal sobre el ferrocarril y el tránsito vehicular de la avenida Costanera.

Los jueces del tribunal resaltaron la urgencia del caso e intimaron a remover “en forma urgente y definitiva los obstáculos aledaños al Aeroparque Jorge Newbery que implican un factor de riesgo para la seguridad de las operaciones aéreas”. Por otra parte, exigieron investigar si funcionarios o particulares cometieron un delito al reconstruir los mismos obstáculos con que se topó el avión de LAPA accidentado en el aeroparque y que causó la muerte de 65 personas.

Por eso, Canicoba Corral deberá resolver si existió el supuesto delito de “estrago doloso” en grado de tentativa por parte de quienes reconstruyeron de manera “ampliada” tras el accidente una “casilla de gas instalada en el complejo Punta Carrasco”. Los camaristas denunciantes, por su parte, enviaron oficios judiciales para que se remuevan estos obstáculos. Los destinatarios fueron distintos organismos y empresas como la Administración Nacional de Aviación Civil, el Ente Regulador del Gas, Metrogas, el Comando de Regiones Aéreas, el jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea Argentina, el Ministerio de Defensa, el Organo Regulador del Servicio Nacional de Aeropuertos (Orsna), Aeropuertos Argentina 2000 y el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri.

De no cumplirse esta directiva, los jueces advirtieron que los responsables también podrán ser acusados del delito de desobediencia.