El Ministerio de Salud de la Nación está siguiendo atentamente la evolución del pedido de aborto no punible planteado once días atrás en el Hospital Regional Ramón Carrillo, de Santiago del Estero, por familiares de una joven con un severo retraso mental que fue violada: a través del Programa de Salud Sexual y Reproductiva ofreció trasladar a la muchachita a Buenos Aires para que se le realice la intervención en el Hospital Posadas, de la localidad de El Palomar, si finalmente los médicos de Santiago del Estero se niegan a llevarla adelante, según pudo saber Página/12. La joven tiene 22 años pero no habla: apenas emite algunos gemidos, por su cuadro grave de discapacidad. Está internada a la espera de una resolución. El embarazo ya es de 15 semanas.

El caso de P. B. –ésas son sus iniciales– se encuadra claramente en los supuestos de no punibilidad previstos en el Código Penal, insistió ayer su abogada, Miriam Nallar, ante este diario. Sin embargo, los médicos esperan una autorización judicial para reunirse y decidir si practicarán la interrupción. La venia de un juez no es necesaria. “Estamos esperando que se cumplan los pasos legales”, alegó el director de la Maternidad, Martín Costas. En diálogo con Página/12, Costas evidenció un preocupante desconocimiento en relación con el marco legal: piensa que están previstos en el Código de Procedimiento Penal los requisitos que deben cumplirse para que se lleve a cabo la práctica médica solicitada. “Eso no existe”, le respondió Silvia Borsellino, referente en Santiago del Estero de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Borsellino está acompañando a la familia de P. B.

El caso muestra una vez más la necesidad de fijar un protocolo de atención en todo el país para evitar incertidumbre en los profesionales de la salud y dilaciones innecesarias que podrían complicar el cuadro. Borsellino recordó que ya fue elaborada por un equipo de reconocidas especialistas una Guía de Atención Integral del Aborto No Punible durante la gestión del ex ministro de Salud Ginés González García, que no fue puesto en vigencia aún.

Ayer, el juez de Familia Nº 1 de Santiago del Estero, Sebastián Billau, firmó la declaración de incapacidad de la muchacha, a partir de un informe del Cuerpo Médico Forense, y designó como curador provisorio al fiscal Lucas Zanni. La violación fue denunciada –otro de los requisitos exigidos por el hospital– y está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción Criminal Nº 3 de la capital provincial. La abogada de la familia, en tanto, presentó en la dirección de Ramón Carrillo un pedido formal de interrupción de embarazo amparados en el inciso 2º del artículo 86 del Código Penal, firmado por un escribano. El director de la maternidad dijo que no es suficiente: que necesitan una solicitud de la curadora definitiva –el lunes sería nombrada una de las hermanas de la joven– y una autorización del juez Billau. “Estamos haciendo todos los trámites que nos exigen el área de legales del Ministerio de Salud de la provincia y del hospital para garantizar el acto médico. Nunca nos hemos negado a realizarlos”, señaló Costas. No obstante, aclaró que puede ocurrir que ningún obstetra quiera practicar el aborto, al declararse todo el equipo médico objetor de conciencia.

Los días corren y el embarazo avanza. Costas dijo que P. B. es una paciente “complicada” por su discapacidad severa y que resulta “complejo” realizarle exámenes médicos. “Es como un animalito. No tiene conexión con la gente. Es imposible el contacto médico. Hay días que pasa sin comer, se autoagrede, agrede a los médicos. Sería conveniente que vuelva a su hábitat en el campo hasta que se resuelva el pedido de aborto”, describió el director de la maternidad del Ramón Carrillo. La joven vive en un paraje rural, a unos 300 kilómetros de la capital santiagueña, al cuidado de su madre, una anciana con problemas de salud. Tiene nueve hermanos, dos de ellas la están acompañando en el hospital.

En los últimos días, la coordinadora del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Ana Ferrarotti, se comunicó con Borsellino y le planteó que podría gestionar que el aborto no punible se practique en un hospital bonaerense, como el Posadas, si en Santiago del Estero los médicos se niegan. En el Ministerio de Salud de la Nación están atentos a la evolución del caso. Por la obstrucción del acceso a un aborto no punible en 2006 en la provincia de Buenos Aires –el caso conocido como L. M. R.– el gobierno argentino enfrenta una demanda ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra.