Lohana Berkins cursaba la carrera de Magisterio en un instituto público porteño a principios de 2001, pero cuando sus profesores terminaban de pasar lista y preguntaban “¿a quién no nombré?”, ella siempre tenía que levantar la mano. Un día la dirigente travesti arrebató la lista y descubrió que su nombre de varón seguía allí. Nadie se había tomado la molestia de consignar lo que ella contestaba una y otra vez. “Falto yo, Lohana Berkins.”

Han pasado los años y las resoluciones para que se respete la identidad de género en ámbitos como Salud y Educación de la ciudad de Buenos Aires. Incluso el vicepresidente primero de la Legislatura local, el macrista Diego Santilli, decretó en septiembre pasado que en las dependencias administrativas de esa institución no se discrimine a las travestis que “utilicen un nombre distinto al consignado en su documento de identidad, por entender que no es representativo de su género adoptado”. Berkins estuvo durante el acto de firma de ese decreto en el Salón de Eva Perón, apoyó esa iniciativa y otra más ambiciosa, la de la legisladora Diana Maffía, quien propone que esta medida se extienda a todas las dependencias públicas de la ciudad.

“La diferencia entre uno y otro es que lo de Santilli es un decreto y se puede anular, en cambio lo que propuso Maffía es una ley y regiría en muchos más lugares”, explicó Berkins, titular de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual. El texto de la propuesta puntualiza que el derecho a ser diferente, consagrado en el artículo 11 de la Constitución porteña, debe garantizarse “en las dependencias de la Administración Pública central local, entes descentralizados, entidades autárquicas, empresas y sociedades del Estado y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenga participación”.

Dicho proyecto de ley fue girado a mediados del año pasado a la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación, encabezada por el kirchnerista Juan Cabandié, pero allí se mezcló con otro de nombre similar, pero contenido distinto, enviado por la defensora del Pueblo porteño, Alicia Pierini. Ambos proyectos fueron discutidos por separado durante casi dos meses y se resolvió tratar en recinto el de la legisladora de la Coalición Cívica, que contaba con apoyo de su compañero de bancada Facundo Di Filippo y legisladores de otros partidos políticos: Patricia Walsh (Nueva Izquierda), Victoria Morales Gorleri (PRO), Alicia Bello (Frente para la Victoria).

En su articulado, el texto indica como objetivo central el de “promover la remoción de obstáculos que impiden el pleno desarrollo de las personas y la efectiva participación en la vida política, económica y social de esta comunidad”. Para ello establece que en caso de que una travesti requiera que la llamen por el nombre que ha adoptado, el mismo “deberá ser utilizado para la citación, registro, legajo, llamado y cualquier otra gestión administrativa”.

El detalle no es menor. Según consta en el informe “La gesta del nombre propio”, de 2005, la discriminación relacionada con la falta de reconocimiento de esta identidad es la principal barrera que detiene, por ejemplo, a muchas travestis que aspiran a estudiar o necesitan atenderse en un hospital.

Por otra parte, el artículo tres estipula una salvedad si la gestión o el trámite, por su naturaleza, requiere registrar los datos personales que figuran en el DNI. En tal caso, aclara el texto, “se utilizará un sistema que combine las iniciales del nombre, el apellido completo, día y año de nacimiento y número de documento y se agregará a éstos el nombre elegido por razones de identidad de género a solicitud del interesado o interesada”. El siguiente artículo evidencia que el trato debe ir más allá de los papeles. Si la persona es nombrada en público, el personal de los organismos mencionados tiene que “utilizar únicamente el nombre de elección que respete la identidad de género adoptada”.

El proyecto de ley tiene muchas posibilidades de ser aprobado este año si se toma en cuenta el dato deslizado por Maffía, titular de la Comisión Especial de Igualdad Real de Oportunidades y de trato para Mujeres y Varones. “Por primera vez, el PRO otorgó libertad de conciencia para que sus legisladores se adhieran o no a este proyecto. Algo que no pasó cuando se habló del tema de los abortos no punibles”, confió la legisladora.

Maffía, junto a Berkins, realizó un informe pionero sobre la situación de las travestis en Buenos Aires en 1999, cuando era defensora del Pueblo de esta ciudad. Además ha contribuido a lo que ella misma define como “la identidad política” de una comunidad.

Pese al consenso entre los distintos signos políticos, el retraso en el debate de la ley permitió que algunos sectores del catolicismo y hasta de las iglesias evangelistas visiten a ciertos legisladores en busca de frenar lo que consideran “el lobby travesti”. Téngase en cuenta que el proyecto no implica un cambio registral, el reclamo de fondo de la comunidad travesti, sino la aplicación de lo que establece la actual Ley del Nombre que reza: “Cuando el seudónimo hubiere adquirido notoriedad, goza de la tutela del nombre”.