Las organizaciones ecologistas se oponen, los constitucionalistas de mayor prestigio también. Sin embargo, el tratado que permitirá la venta del reactor nuclear a Australia sigue adelante. Tras ser aprobado en el Senado, ayer las comisiones de Relaciones Internacionales y Energía de la Cámara de Diputados le dieron su visto bueno y se espera que la próxima semana sea tratado en el recinto. “Si se aprueba, podemos llegar a convertirnos en el basurero nuclear de todo el mundo”, dijo Oscar Soria, vocero de Greenpeace a Página/12.
“Este tratado dice que nos tenemos que hacer cargo de los combustibles gastados que genere el reactor, aunque la Constitución expresamente impide la entrada de residuos nucleares al país”, explicó a Página/12 el diputado del ARI Carlos Raimundi, tras concluir la sesión donde la mayoría de los miembros de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Cámara de Diputados emitió un dictamen de apoyo al acuerdo. Horas después, la Comisión de Energía y Combustibles sumaba su aprobación y abría la puerta para que la semana que viene sea tratado en el recinto.
“Esto ya lo vimos en Rusia después de la crisis del ‘98. Los países poderosos se aprovechan de los más débiles y los obligan a aceptar sus residuos nucleares”, bramó el encargado de asuntos nucleares de Greenpeace, Juan Carlos Villalonga, al enterarse del resultado de la sesión, a la cual no lo habían dejado ingresar.
Más tarde, los defensores del proyecto argumentaron que, si bien el Invap deberá tratar los desechos, no queda establecido en ningún punto que lo deba hacer en el país. “Si uno lee su artículo 12, puede ver claramente que el acuerdo no exige que la Argentina, llegado el caso, tenga que hacerse cargo del procesamiento de los residuos necesariamente en territorio nacional”, dijo el diputado justicialista Arturo Lafalla, quien aclaró que países como Francia o Estados Unidos realizan esta tarea.
El trámite ahora se presenta complicado para los objetores del proyecto ya que lo que se busca aprobar la semana que viene no es una ley, sino un acuerdo internacional, por lo que no puede ser modificado y tampoco derogado en el futuro sin provocar un incidente internacional. De este modo, si la denuncia de las asociaciones ecologistas es cierta, la Argentina estará recibiendo basura nuclear australiana hasta el año 2060, fecha en que se estima finalizará la vida útil del reactor. Esto, siempre y cuando no se firmen otros acuerdos en el mismo sentido con otros países.
“Al aprobar este acuerdo estamos sentando un precedente nefasto, ya que a partir de ahora, cualquier otro país que quiera comprar un reactor a la Argentina exigirá las mismas condiciones que las que se firmaron con Australia. Es decir, que de la basura nos ocupemos nosotros”, sintetizó el diputado socialista Rubén Giustiniani.
El acuerdo de la discordia tuvo su antecedente en julio del año 2000, cuando la empresa estatal Invap ganó la licitación internacional para construir un reactor nuclear en las afueras de Sydney a cambio de 180 millones de dólares. A partir de allí comenzó el debate.
Informe: Damián Paikin