El nombre es tan marketinero como el proyecto mismo. ¿Quién puede acaso no querer ver felices a los niños? Una infraestructura imponente, la sonrisa de los chicos en cada aparición mediática, la profusión de una campaña publicitaria de alto impacto. Hasta allí, la imagen impecable de una gran obra para los niños más desamparados. Puertas adentro –ahora se sabe y lo saben desde hace tiempo quienes trabajan en minoridad–, el modelo instaurado en los hogares de la fundación está a años luz de las recomendaciones de los expertos en la materia. Un sistema cerrado y multitudinario, inspirado en el patronato, donde toda la vida transcurre en el adentro, donde se corta la vinculación con la familia de origen y donde el afuera se convierte en el castigo máximo para quien no cumple las reglas: la expulsión. Un modelo que se da de patadas con la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, de rango constitucional en el país. Pero que sí es funcional a los fines recaudatorios: cuantos más chicos, más subsidios, más promoción, más ingresos. La ex directora de la escuela que funciona en la fundación y varios expertos –algunos de los cuales tuvieron contacto con chicos que pasaron por la entidad– describieron a Página/12 la otra cara de la Fundación Felices los Niños: la del ghetto donde reinaba el pater familiae Julio Grassi.
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El caso que les tocó vivir a Graciela Molle y Rosaura Rótolo es paradigmático. Ellas son vecinas de Constitución, donde la realidad de los chicos en situación de calle (o de estación) es un drama cotidiano. Unos seis meses atrás, se toparon con uno de ellos. Dormía en un colchón tirado en la esquina de Caseros y Piedras. Y decidieron protegerlo. Lo mantuvieron en sus casas alrededor de un mes y medio. Hasta que fueron informadas de que la buena voluntad no alcanzaba. Y que, además, podrían tener problemas legales si no daban parte a la Justicia.
El marketing de Felices los Niños las sedujo y llevaron a J.M., de 12 años, al hogar que la entidad tiene en Chacarita, en la calle Charlone. Allí lo recibieron de buena gana y prometieron que Graciela y su vecina podrían visitarlo. Luego se le dio parte a un juez de menores.
“Pero una vez que ingresó, ya no me dejaron verlo más. Cuando iba, me trataban mal. Yolanda Casal, la directora, sólo me decía que el chico estaba bien, que no nos preocupáramos”, contó Graciela. Como Rosaura insistía en verlo, un día le ofrecieron que se convirtiera en su madrina. “Me explicaron –relató a este diario– que por el sistema de madrinazgo podría llevármelo los fines de semana. Que los chicos que tienen madrinas o padrinos pueden salir. Me alegré mucho. Y entonces me dijeron que para convertirme en madrina tenía que pagar 200 pesos por mes.”
J. se escapó al tiempo, junto a M. un amigo que conoció allí adentro, de 9 años. Ambos recalaron de nuevo en la casa de Graciela. Y contaron que habían sido maltratados, que eran amenazados con que terminarían en un reformatorio y que un chico de 10 violó a otro de 5. Graciela y Rosaura nunca pudieron comprobar la denuncia de la supuesta violación. Desde Felices los Niños se comunicaron con la madre de J. La mujer acordó una reunión con Graciela. “Y en esa reunión me contó que en la fundación le dijeron que yo me llevaba los chicos de la calle a mi casa para robarles los órganos”, se indignó, una vez más, ante Página/12. Después del episodio, intervino el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), que trabaja con chicos en riesgo.
Adentro y afuera
El hogar del padre Grassi, como se conoce según el marketing tan bien logrado a la sede central de la fundación, está ubicado en Hurlingham. Tiene 65 hectáreas, producto de la ya famosa donación que logró en la época de Domingo Cavallo. Un subsidio de casi cinco millones de pesos-dólares concedido también por el entonces superministro hizo el resto para el lanzamiento. Luego vendrían las generosas donaciones conseguidas de la mano del menemismo y su empresariado aliado.
La obra incluyó el hogar, un jardín, una edificio para la EGB, luego vendría el polimodal, una panadería, instalaciones para los diversos talleres, una casita para las chicas madres, una salita de atención sanitaria. Una obra cuyas fotos aéreas impactaron en su momento y volvieron a impactar estos días, cuando ilustraron las notas sobre las denuncias contra Grassi y su detención por abuso y corrupción de menores.
El impacto nunca sedujo a los especialistas en materia de minoridad. La directora general de Niñez del gobierno porteño, Sara Cánepa, lo explica así: “El modelo del patronato está aún vigente pese a que la reforma constitucional de 1994 incluyó la Convención sobre los Derechos de los Niños. Y si bien en unos pocos distritos, como la ciudad, se cambió la normativa, falta la adecuación a la práctica. Lo que quedó establecido es la necesidad de revincular al chico con su familia de origen o grupo de contención. Subsidiariamente existen otras instancias, como pequeños hogares.”
–Lo de pequeño no es justamente el caso de Felices los Niños.
–Sí, es llamativa esta conformación de miniciudades en grandes predios, donde los chicos duermen, comen, van a la escuela, los atiende un médico. Todo allí. Lo que se necesita es buscar que el chico vaya a la escuela del barrio, se atienda en el hospital, que pueda socializarse.
–En la estructura del gobierno porteño atendieron a chicos que habían estado en ese hogar. ¿Qué relataban?
–En los dichos aparece que los chicos tienen un corte con el afuera y el único recurso que queda entonces es el hogar. Es cierto que las familias de esos chicos están por lo general muy debilitadas, pero las instituciones deben promover la revinculación y no cortar con su historia.
La funcionaria advierte que es “paradigmática esta situación donde el Estado subsidia una obra de esta naturaleza con decisiones políticas y rápidas, y donde empresarios poderosos que participaron del proceso de privatizaciones la apoyan”.
El modelo homosexual
Una operadora de calle de una entidad que trabaja con chicos –y que tuvo contacto en más de una oportunidad con niños que habían estado en la fundación– confió a este diario otro aspecto del adentro y afuera. “La metodología que usan es la judicialización de todo chico que ingresa. Aunque no haya ningún conflicto con la ley, todos terminan en manos de un juez. Los chicos quedan adentro, pero con juez que determinará sobre su vida hasta los 21 años. Y eso se contrapone con lo que se debería promover en el trabajo con los niños”, señala.
–¿Cuál es el sentido de judicializar todo?
–La obtención de recursos. Si uno tiene un chico en una entidad, pelear por un subsidio o una beca es imposible. Pero si hay un juez de por medio, es él quien ordena al Estado que pague el subsidio a la entidad para que ese chico siga estando allí.
–¿Los chicos que recibieron en la entidad refirieron el tema de los abusos?
–Es que el modelo con el cual funciona el hogar establece la reproducción institucional de la imposición homosexual. Si hay un abuso, ese chico lo va a reproducir porque el ámbito es propicio para eso. Un ámbito donde hay 50 prepúberes viviendo y durmiendo todos juntos se presta a eso. Algunos chicos refirieron situaciones del tipo de “me molestan a la noche”. Chicos de esa fundación han llegado altamente estimulados en ese sentido a otros hogares. Históricamente, el abuso es parte de la vida de los internados. Si hay una anulación de la familia, hay una convivencia de cientos de chicos, hay un adulto que se convierte en pater familiae y que además es el que administra, recauda y sale en los medios, ¿a quién se le ocurre que eso pueda funcionar bien?
Nada cambia
Julia Pellegrini fue directora de la escuela Presbítero M. Alberdi, integrada a la Fundación Felices los Niños y que funciona en el mismo predio de Hurlingham, desde febrero del ‘96 hasta 1998, cuando sin explicación fue despedida. “El padre Grassi quería siempre tener todo bajo control, que no se le escapara nada –cuenta ahora–. Y las propuestas de innovación nunca se pudieron implementar. No digo que haya mala intención en el padre, pero después de un tiempo de haber estado ahí una se pregunta si verdaderamente el objetivo es que los chicos se eduquen, o simplemente estén allí”.
–¿Por qué lo dice?
–Había un criterio de que todos los chicos que ingresaban a la fundación se incorporaran inmediatamente a la escuela. Algunos se podían integrar sin mayores problemas, pero otros no tenían, por su propia historia, posibilidades de estar dos, tres o cuatro horas sentado en un aula escuchando una explicación. Venían directamente de la calle a vivir esa experiencia. Entonces lógicamente se producían situaciones conflictivas, a veces muy graves. Yo propuse que los chicos se fueran adaptando de a poco, primero mediante talleres, luego mediante una incorporación progresiva. Pero el padre Grassi siempre se opuso. El problema es que en un curso de 30 alumnos, los dos o tres con esa dificultad impiden desarrollar el trabajo a todos. Y la escuela entonces pasa a ser una continua resolución de esos conflictos y el aprendizaje queda relegado.
–¿Con qué argumento se oponía Grassi a la inclusión progresiva?
–El me dijo que yo discriminaba. “Esta población es así”, terminó diciendo.
Por esa época, por un convenio entre Julio Grassi y la entonces ministra de Educación, Susana Decibe, la reconocida pedagoga Berta Braslavsky desarrolló en la fundación una investigación sobre la “alfabetización de la población escolar atípica”. En sus conclusiones que elevó al ministerio, en 1998, estableció que los docentes eran “resistentes a poner en práctica nuevas estrategias” y que no creían “que su perfeccionamiento profesional pudiera tener influencia en el progreso de estos alumnos, en el que tampoco creían”. Los logros, escribió, “son progresos inferiores” a los de otras escuelas de perfil similar. “En esos resultados incidiría la calidad de la enseñanza y la formación de los docentes”, informó.
En la Fundación Felices los Niños, la última palabra sobre la contratación de los docentes la tiene (o tenía) Julio Grassi. Siempre.
–¿Por qué la despidió?
–Nunca me lo explicó. Era la época del escándalo con Susana Giménez. Yo creo que necesitaba en ese cargo a alguien con perfil más político.
La caridad
En el CAINA, un hogar de día para chicos en situación de calle del gobierno porteño, también llegaron algunos de los chicos que pasaron por la fundación. Julieta Pojomovsky es su directora desde hace diez años. Conoce a los chicos de la ciudad y los que llegan del conurbano, que cada vez son más. “La caridad y la buena voluntad pueden tener buena llegada a los medios. Pero cuando se trabaja con chicos eso no alcanza. Ni de lejos”, advierte.