Más allá de las ampulosas coberturas mediáticas de los hechos de inseguridad y la utilización político-electoral del tema, entre los especialistas hay debates, diagnósticos diversos e iniciativas de distinto tipo. Página/12 consultó a tres de los hombres con más trayectoria en materia de seguridad. Marcelo Saín, interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y ex viceministro de Seguridad bonaerense; Alberto Binder, director del Instituto Latinoamericano sobre Seguridad y Democracia (Ilsed) y profesor en varias universidades, y Raúl Torre, profesor en criminalística en varias casas de altos estudios. Estas son sus opiniones.

1 ¿Hay un real crecimiento de la inseguridad?

Alberto Binder: –Discutir si existen números que avalen un crecimiento o no de la criminalidad en términos generales carece de sentido. Ni tenemos datos confiables, ni se puede hablar en forma general ni radica allí la cuestión. Posiblemente existan formas de criminalidad que hayan crecido, otras estén igual y otras hayan disminuido. El problema es que la sociedad percibe que no estamos trabajando bien en el control de la criminalidad y ello genera distintos tipos de preocupación y miedo. Y creo que, efectivamente, no estamos haciendo las cosas bien. Nuestra política criminal y de seguridad es errática, zigzageante, no tiene objetivos claros, no presenta con realismo los problemas, y la realidad es que vamos atrás de los problemas. Las distintas formas de criminalidad, sus circuitos, los mercados que la regulan, las formas de agresión, son dinámicas, cambiantes, se intercambian. Frente a este dinamismo de la criminalidad le ponemos instituciones burocratizadas, estáticas, que carecen de información e imaginación, utilizadas para la demagogia electoral. El control de criminalidad es una tarea constante, inteligente, que reclama coordinación entre las jurisdicciones y las instituciones. Y carecemos de todo esto o lo hacemos muy débilmente. Creo que la sociedad percibe esto y se preocupa, se asusta y reclama muchas veces medidas que no son las adecuadas o que no son las que solucionan los problemas. Allí es donde aparece la demagogia electoral que se aprovecha de esto y lucra con el miedo de la inseguridad. Hay instalada una gran industria del miedo.

Marcelo Saín: –En la actualidad, los niveles y la envergadura de los delitos violentos son menores a los existentes a comienzos de la década actual, en particular, a los altos índices registrados en el año 2002 que fueron los más altos de la década. Sin embargo, recientemente ha aumentado considerablemente la sensación de inseguridad como resultado de dos factores fundamentales y novedosos. Primero, se incrementaron los delitos violentos y fatales contra víctimas pertenecientes a estratos sociales medios-altos y altos, cuyas viviendas y barrios dejaron de ser inexpugnables. En segundo lugar, existe un abordaje interpretativo y valorativo de los grandes medios de comunicación masivos, fundamentalmente la prensa televisiva, que pondera la problemática del delito y la seguridad de una manera exacerbada, repetitiva y siguiendo un tono sensacionalista asentado en la anécdota y cargado de una espectacularidad y dramatismo inusitado. Por cierto, la sensibilidad social y el dramatismo que genera la victimización de una persona de clase alta es sustancialmente superior a la que genera el asesinato de un morocho pobre o indigente, cuya vida o integridad física es mucho menos valorable socialmente que el de un “buen vecino” acomodado. Pero esta significación así como la interpretación de que las principales víctimas del delito violento son las personas de bien de las clases medias-altas y altas, son un producto de los medios masivos de comunicación que construyen la “opinión pública” sobre estos parámetros y lo hacen sin ningún atisbo de autocrítica ya que el “negocio” de la inseguridad “garpa”, da rating y, por ende, genera dinero o permite presionar a los gobiernos para sacar algún rédito financiero o político.

Raúl Torre: –En términos reales los delitos contra la propiedad y las personas han aumentado sensiblemente en nuestro país en los últimos años. Sin embargo, ese crecimiento en las estadísticas no se manifiesta en las proporciones que parece percibir la gente, es menor de lo que la gente percibe. El problema parece complicarse cuando se constata que el ilícito cotidiano no se circunscribe a los hechos contra la propiedad, aparecen otros en los cuales crece un consenso de gran preocupación, delitos contra la vida que devienen de robos o no y entre ellos ciertos homicidios emblemáticos como los de María Marta García Belsunce, Nora Dalmasso o Rossana Galiano, cuyos pormenores son seguidos como una especie de catecismo cotidiano por gran parte de la ciudadanía. También se han incrementado las acusaciones sobre pedofilia, delitos contra la integridad sexual, abuso infantil intrafamiliar, violencia doméstica, actividad de las redes de prostitución, etc. En estos casos lo que ocurre es que la actividad criminal subyacía en el ámbito social, pero no trascendía por encubrimiento o falta de denuncia.

2 ¿Sigue pensando que la Policía Bonaerense debe ser subdividida y entregada a los intendentes?

Alberto Binder: –El problema central es que la complejidad de las políticas de seguridad y criminal requiere que tengamos una gran diversidad de recursos. Hoy tenemos un pésimo sistema de coordinación de lo municipal, lo provincial, lo nacional e, incluso, lo regional, la cooperación con otros países. Hay muchos problemas que se resuelven a nivel municipal, incluso con los recursos y medios con que hoy disponen: ¿o acaso es muy difícil clausurar los negocios donde se vende droga o donde se compran cosas robadas? El sistema provincial debe diversificarse porque en el caso de la provincia de Buenos Aires existen realidades muy distintas. El gran regulador de los problemas de seguridad es la zona metropolitana de Buenos Aires y el gran tema es la elaboración de un plan de seguridad para esa zona en el que trabajen en conjunto la ciudad, la provincia, los municipios del Gran Buenos Aires y el Estado Federal. No lo hemos podido hacer, seguimos discutiendo sobre el traspaso de la policía, no diversificamos los recursos. Entonces no es difícil de entender que haya problemas y la gente los perciba. Pero no seamos ingenuos, esto no se hace no por ignorancia y desidia, o por burocratización –que efectivamente también existen–, sino porque un plan enérgico de seguridad en la zona metropolitana implica necesariamente afectar negocios y mercados en los que están involucrados muchos actores de la política. Como en muchos otros ámbitos políticos, la corrupción y el financiamiento espurio de la política sigue siendo el gran obstáculo. Por eso es tan importante que la gente en lugar de creer que el tema es ladrarle a jueces que no tienen en sus manos la solución, deben orientar sus presiones a los municipios, a desarticular los mercados mafiosos que lucran con los chicos y luego se esconden detrás de ellos para que sean ellos los que reciban la violencia.

3 ¿Usted piensa que el problema de seguridad es esencialmente político?

Marcelo Saín: –Está probado que las cúpulas policiales, a las que se les delegó históricamente las tareas de controlar el delito sin más, no sólo son incapaces de apropiarse en un sentido democrático y eficiente de estos asuntos sino que forman parte del problema porque, en gran medida, avalan la regulación policial de delitos rentables y se despreocupan de los temas que a la ciudadanía le atañen. En nuestras policías, hay muchos “Garridos”, pero sólo en las bases y en las calles, no en las cúpulas. Estas usan a los Garridos para encubrir la condición de millonarios que poseen numerosos jefes policiales cuando dejan sus cargos. Entonces, llegó el turno de la política y ello requiere de tres ejes. Primero, crear modernas estructuras de gestión política de la seguridad, especializadas en la planificación estratégica del sector y en la conducción de los instrumentos sociales y policiales de intervención para la prevención y control de los delitos. Segundo, conformar amplios dispositivos de inclusión y de prevención social de conflictos y delitos, específicamente abocados a intervenir en las situaciones sociales, culturales y económicas de riesgo que favorecen o alientan la comisión de delitos. Tercero, llevar a cabo un proceso serio y profundo de reforma policial apuntando a conformar instituciones policiales eficientes y sin los bolsones de corrupción que atraviesan a las actuales policías. Esto no depende la justicia penal sino que es una decisión política.

4 ¿Por qué el problema aparece como tema principal de preocupación en las encuestas?

Alberto Binder: Simplemente porque existe una preocupación. Todos los años leemos la misma noticia sobre los cientos de miles de chicos que no estudian ni trabajan; ahora comenzamos a difundir datos de las decenas de miles de adictos a las drogas de baja calidad. Frente a estas noticias no hay respuestas enérgicas y es razonable que tengan preocupación. Otro problema es que se pretenda manipular esa preocupación. El modo como nuestra dirigencia política pretende utilizar y manipular el miedo y la inseguridad para ganar posiciones de corto plazo –y esto lo hacen tanto oficialistas como opositores– es uno de los mayores actos de irresponsabilidad de nuestra época.

5 ¿Dónde pondría usted el acento en la búsqueda de soluciones?

Raúl Torre: –En diversos estudios criminológicos ha quedado ampliamente demostrado que si bien es un reclamo genuino de la sociedad la necesidad de instrumentar políticas integrales de prevención del delito, éstas no se estructuran a partir de un policía de consigna o un patrullero recorriendo. La presencia policial por sí sola no conforma un esquema serio de anticipación, sólo transmite cierta imagen de seguridad. La demanda social cotidiana busca soluciones cuando el delito ya se cometió, lo que se traduce en requerir más fiscales, una especial respuesta de los jueces, mayor actividad de las fuerzas del orden, más patrulleros y leyes más duras. Por estos días se ha llegado al extremo de debatir sobre la instrumentación de la pena capital. La genuina prevención del delito debe formalizarse en la etapa anterior. No hay otra. Se necesitan políticas integrales educativas, de asistencia social, de infraestructura y de salud, especialmente a los ámbitos propiciatorios de mayor marginalidad. Al mismo tiempo debe atenderse el último peldaño del sistema con adecuados tratamientos penitenciarios sobre los procesados o penados, que han sido apartados temporalmente de la vida en sociedad. En definitiva, las políticas criminales deben ser un conjunto armónico.