Desde la residencia de Olivos, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció un Plan de Seguridad Ciudadana a nivel nacional que significará una inversión de 400 millones de pesos en equipamiento para las policías de todo el país, además de la firma de un convenio con los municipios para la participación comunitaria a través de centros creados con ese fin. En una primera etapa, el plan tendrá aplicación en 38 municipios del conurbano bonaerense, Mar del Plata, Bahía Blanca y el Gran Mendoza. El ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández, dijo que se trata de “un plan integral” con “recursos para todo el país” para poder aportar “la más efectiva acción nacional posible”. Al hablar en el acto, la Presidenta dijo que la seguridad es un problema de la comunidad en su conjunto y que para garantizarla será necesario no sólo un modelo de protección comunitaria sino también “un modelo de distribución de la riqueza” porque “la extrema riqueza con la extrema pobreza incrementan los niveles de inseguridad”. Al mismo tiempo, Fernández de Kirchner dijo, dirigiéndose a los periodistas presentes, que “lo importante es informar” y “no atemorizar” sobre los casos de violencia e inseguridad (ver aparte).

En la reunión se precisó cómo serán distribuidos los 400 millones de pesos que se invertirán en el plan. Un total de 137 millones serán destinados a la incorporación de tres efectivos más por cuadrícula (zonas en las que se divide la tarea de prevención en la provincia de Buenos Aires), lo que eleva en un 50 por ciento la presencia policial en cada barrio, y a la incorporación de 4000 policías retirados que serán choferes de los móviles, lo que permitirá que los actuales conductores se incorporen a la vigilancia en las calles. También se nombrará a treinta efectivos de apoyo en cada Centro de Operaciones Municipales (C.M.O.), que serán incorporados a las tareas de seguridad y que “serán clave para saber lo que sucede en todos los distritos”. Esto demandará una inversión estimada en 1,8 millón de pesos que servirá para la coordinación y el monitoreo del sistema de protección ciudadana.

En materia de tecnología, el plan dispondrá una inversión de 5,4 millones de pesos para el monitoreo satelital de patrulleros a través de 1500 equipos GPS, con control del recorrido de los patrulleros, minuto a minuto. También se producirá la instalación de 5000 cámaras de video de seguridad con una inversión de 203 millones de pesos. Otros 27,8 millones serán destinados a la creación de una red de alerta vecinal, que tendrá conexión con cada patrullero, con la red de asistentes territoriales y con los Foros de Seguridad, a través de 21.500 teléfonos móviles.

El plan incluye también la incorporación de 1500 nuevos gendarmes en operaciones específicas relacionadas con la seguridad, la continuidad de los 3600 efectivos de esa fuerza que actualmente prestan servicio y la confirmación en sus funciones de otros 800 que componen los escuadrones regionales. Al hacer la presentación, el ministro Fernández comentó que la Presidenta le encargó al gabinete “trabajar sobre un plan integral de seguridad ciudadana, estrechamente vinculado a las provincias y los municipios”, con “recursos para todo el país que aporten la más efectiva acción nacional posible”.

En ese punto, Fernández repasó las inversiones realizadas recientemente, destacando la entrega de mil pistolas Browning con cargadores adicionales a las provincias de Misiones, Chaco, Formosa y Corrientes. Anticipó que en breve entregarán otras mil a Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Río Negro y Chubut. El ministro mencionó la construcción de polígonos de tiro en todo el Noreste Argentino (NEA) y en el Noroeste (NOA) y la compra de un helicóptero para la provincia de Buenos Aires. Resaltó que estos elementos son considerados “indispensables” para garantizar una eficiente gestión policial, además del financiamiento a una “capacitación permanente” de la policía.

En su extenso informe, el ministro Fernández dijo que el gobierno nacional compró 400 motos, de las cuales 228 ya fueron entregadas. Anticipó que se comprarán otras 400. Dijo que estos móviles sumarán 1050 y que serán destinados a las patrullas urbanas de Gendarmería Nacional. Sobre los primeros 38 municipios que se incorporan al planta, dijo que son los que están ubicados en “los ámbitos que más preocupan” y que fueron analizados técnicamente “caso por caso”. Precisó que el financiamiento se hará a través de los municipios, por medio de convenios que, además, “establecerán el inmediato desembolso del 50 por ciento de los fondos comprometidos”.

Fernández dijo que, en el caso del Gran Mendoza, el convenio será firmado “hoy mismo” (por ayer) y que los municipios de Buenos Aires comenzarán a hacer lo propio desde el lunes. Detalló que el programa prevé “duplicar el personal policial efectivo en cada una de las cuadrículas” en las que se dividen las áreas de acción, que suman 1100 en toda la primera etapa. El fortalecimiento general se organizará por áreas y se basará en la incorporación de al menos cuatro mil efectivos retirados de las fuerzas armadas y de seguridad. Las incorporaciones permitirán que los choferes de patrulleros pasen a realizar tareas de calle, “lo que implica un cambio esencial y rápido en la tarea” de mejorar la seguridad.

En materia de inversiones, precisó que los 500 nuevos patrulleros demandarán una inversión de 25 millones de pesos, la incorporación del sistema GPS tendrá un costo de 5,4 millones de pesos, los teléfonos nuevos de 27,8 millones y las cámaras de video de 203 millones de pesos. En todo momento, Fernández resaltó que la participación de la Gendarmería en tareas de seguridad, en las calles, “es muy importante”. Recordó que hoy consiste en tareas de patrullaje a cargo de 3600 efectivos, además de otros 4400 en escuadrones. Ahora se movilizarán 1500 más.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner dejó abierta la posibilidad de convocar, incluso, a personal retirado de las Fuerzas Armadas para que se incorporen a las tareas de seguridad. El tema fue corroborado por el jefe de Gabinete, Sergio Massa, a pesar de que la medida, de cumplirse, podría generar críticas, dado que podría entrar en contradicción con las normas previstas en la Ley de Seguridad Interior, que impide al personal militar realizar tareas relativas con la seguridad interior. Sobre ese punto, el ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli, aclaró que en su jurisdicción sólo serán convocados policías retirados y efectivos de otras fuerzas de seguridad.

La Presidenta había señalado que podrán ser “no solamente policías retirados, sino también, inclusive, miembros de las Fuerzas Armadas retirados” porque “es gente preparada y formada para este tipo de actividades y fundamentalmente para el uso de armamento”. En otro orden de cosas, el jefe de Gabinete, Sergio Massa, negó que el plan de lucha contra la inseguridad tenga un tinte electoral. “Lo más importante es que se tome la decisión; a la gente no le importa el cuándo, la gente no está pensando en las elecciones, sino en que hagamos un esfuerzo muy importante para ir resolviendo los problemas de inseguridad”, dijo Massa a la prensa reunida en la residencia de Olivos.

Massa aseguró que “hace un mes que se viene trabajando en el tema”, al rechazar una relación entre el anuncio y las elecciones legislativas que se realizarán dentro de tres meses. El jefe de Gabinete sostuvo que el objetivo del plan “es aumentar la presión en materia de prevención para que la gente sienta que vive más tranquila”, porque, remarcó, “la gente quiere ver a la policía en la calle”.

El funcionario hizo también un llamado de atención al Poder Judicial. Sostuvo en ese sentido que “también hay que aumentar la capacidad de condena de las justicias provinciales” porque “si después los jueces liberan a cualquiera, (el plan) no genera resultados”. Massa dijo que la aplicación de las próximas etapas del programa dependerán de que “veamos resultados positivos y de la evolución de los recursos”. Massa insistió en que otro de los objetivos del plan es “aumentar el control social sobre la policía y el control operativo sobre el funcionamiento de la seguridad”. Aclaró que los policías retirados que se reincorporen “no podrán contar con antecedentes de gatillo fácil y de violación a los derechos humanos”.