Los cartoneros llegaron ayer ante el máximo organismo judicial de la ciudad para reclamar la anulación de la ordenanza que les prohíbe trabajar en la ciudad de Buenos Aires. Si bien la recolección informal de papel y cartón tiene alcances masivos en territorio porteño, dos ordenanzas sancionadas hace 25 años por el gobierno municipal de la dictadura lo prohíben expresamente y en esa norma se han basado algunos procedimientos policiales que terminaron con el decomiso de los carritos y su contenido (ver recuadro). Ante un pedido para que se declare la inconstitucionalidad de ambas normas, el Tribunal Superior de Justicia porteño convocó a los involucrados a una audiencia pública, que se realizó ayer. El diputado porteño Eduardo Valdés, autor de la demanda, señaló la contradicción entre la prohibición cuestionada y el reciente decreto que promueve la separación domiciliaria de residuos, que reconoce la actividad de los cartoneros. En la vereda opuesta, el abogado Víctor Samenfeld, de la Procuración General del gobierno porteño, expresó la posición oficial: las normas cuestionadas deberían ser reemplazadas por una nueva ley, en la Legislatura, y no derogada por una declaración de inconstitucionalidad. El Tribunal dará su veredicto en 60 días.
Unas ochenta personas presenciaron la audiencia. Entre ellas, el ex boxeador Horacio Accavallo, quien en su juventud trabajó como botellero. “Queremos tener la oportunidad de ejercer esta profesión, que no hacemos porque queremos sino porque la situación nos obliga”, dijo ante el Tribunal Domingo Fresco, de la cooperativa Rumbo Nuevo. Fresco es electromecánico pero hace siete años que vive de la recolección de residuos reciclables, como define su actividad. “No somos los únicos favorecidos con esta actividad –agregó–: la ciudad paga un 45 por ciento menos a las empresas recolectoras y recuperamos materiales que antes se enterraban. En forma anónima y callada trabajamos por el medio ambiente.” El representante de la cooperativa de cartoneros se emocionó al final, cuando apeló a la solidaridad de los vecinos: “Nosotros no rompemos las bolsas, porque sabemos que al otro día tenemos que volver a la misma vereda”.
Lidia Quinteros, delegada de los cartoneros del Tren Blanco, hizo también un llamado conmovedor: “No queremos que nos saquen esto, que es nuestro trabajo y es lo único que tenemos”. Ex operaria del calzado y trabajadora de limpieza, Lidia viene todos los días desde José León Suárez en busca de los recursos que le permiten alimentar a sus nueve hijos. Francisco Suárez, investigador de la Universidad Nacional de General Sarmiento, refutó los argumentos de la Procuración y la Fiscalía, que habían considerado que la actividad de los cartoneros no era un trabajo. “Acaso una actividad que pone en marcha procesos productivos ¿no es trabajo?”, se preguntó. El especialista destacó que el INDEC considera en sus encuestas a la de los cartoneros como una actividad laboral.
La periodista Alejandra Dandan, de Página/12, aportó datos de la investigación publicada en este diario: el ingreso de camiones que vienen desde el Gran Buenos Aires con decenas de cartoneros, a los que les pagan monedas para recolectar el papel que luego se llevan los acopiadores y el pago de coimas que hacen los responsables de este negocio a la policía para poder trabajar en la zona del microcentro. Por su parte, Sandra Carlino, especialista en aprovechamiento de recursos naturales, advirtió que desde las Naciones Unidas hasta la Constitución Nacional recomiendan incorporar nuevos marcos legales para el manejo de residuos.
El duelo central tuvo como protagonistas, por un lado, al diputado Valdés, y por otro, al fiscal José Luis Mandalunis y al representante de la Procuración. Valdés intentó refutar el argumento de la Fiscalía, que considera al cirujeo como una “actividad ilegal”. “Cuando el recolector informal recoge la basura de la calle, se apropia de algo que fue abandonado por su dueño”, afirmó. Y argumentó que la prohibición se dictó en 1977, “en el marco de la primera privatización de la recolección de basura, para favorecer a las empresas que cobran por toneladas recolectadas”.
Samenfeld, subsecretario de la Procuración, advirtió que declarar inconstitucional las ordenanzas en discusión generaría un vacío que perjudicaría a los propios cartoneros: “Cabe la posibilidad de que los acopiadores que hoy ingresan con camiones tengan vía libre para desplazar a los recolectores informales y se apropien de todos los recursos”. Samenfeld consideró que “este problema requiere de una reforma legislativa, no de una declaración de inconstitucionalidad”.
El fiscal Mandalunis, por su parte, consideró que sancionar una actividad no autorizada no es inconstitucional “como tampoco lo es penar la siembra o el comercio de estupefacientes”, una comparación que no cayó bien entre los cartoneros presentes. Sugirió además que si las ordenanzas castigan la recolección no autorizada, “basta con autorizar a los cartoneros, organizados en cooperativas, para que no sean sancionados”.
Valdés no se da por vencido en su batalla contra las ordenanzas de Cacciatore: por si el recurso judicial no tiene éxito, su proyecto de ley para permitir la actividad de los cartoneros ya tiene fecha de tratamiento en la Legislatura para el 21 de noviembre.