El Tribunal Superior de Justicia de la ciudad deberá decidir si es inconstitucional el artículo 6 de la ordenanza 33.581, que prohíbe la “selección, remoción, recolección, adquisición, venta, transporte, almacenaje o manipuleo de toda clase de residuos domiciliarios que se encuentren en la vía pública para su retiro por parte del servicio de recolección”. También deberá resolver, en el mismo sentido, sobre el artículo 22 de la ordenanza 39.874, que sanciona con multa aquellas actividades.
Según la presentación del diputado Eduardo Valdés (PJ), ambas ordenanzas cercenan los derechos constitucionales de trabajar y de protección del medio ambiente, favorecida por el reciclado de materiales recogidos por los cartoneros. El tribunal, que debe decidir en 60 días, está integrado por Andrés Muñoz, Alicia Ruiz, José Casás, Julio Maier y Ana María Conde.