Como agente de la Federal, Alejandro Salvador Alvarez contaba con sueldo y jubilación asegurados y la certeza de que la fábrica de azules no entraría en quiebra. Todo a cambio de riesgos garantizados de recibir un impacto desde algún rincón inesperado. Lo que jamás imaginó fue que lo recibiría desde la propia institución. Alvarez era adicto a la cocaína y tuvo la idea de pedir ayuda a sus superiores para salir del mal trance. “Hizo bien en ir de frente, Alvarez. Lo vamos a ayudar”, le dijeron. Durante un año siguió un tratamiento en el Churruca. Pero cuando estuvo curado, lo acusaron de adicto y de tener vinculación con proveedores. Lo curioso es que el supuesto delito por el que fue cesanteado (vínculos con narcos) jamás fue denunciado a la Justicia. Hacia los cuadros inferiores, la experiencia del ex agente es un castigo ejemplificador y sostiene un mandamiento bizarro que parece decir así: “Si eres policía adicto, jamás lo digas. Es preferible que sigas siendo adicto a que dejes de ser policía”. Alvarez, que no es más adicto ni tampoco policía, presentó una denuncia ante la ONG SOS Discriminación y ahora está dispuesto a entablar juicio.
Después de su paso por la Escuela de Suboficiales de la Federal, el 8 de marzo de 1999, con la placa 2096, Alejandro Salvador Alvarez se incorporó como agente a su primer destino: la Comisaría 48ª de Villa Lugano, en el primer tercio (de la hora 0 a las 8 de la mañana). Durante un tiempo, su vida no fue diferente a la de cualquier recién incorporado: plantón en esquinas, bancos, estación de tren y demás. Pero, hacia fines de ese año, entró casi sin darse cuenta en el circuito de la primera te la regalan. El primer contacto tuvo lugar, según Alvarez recuerda, en una fiesta. “Ahí empezaron los problemas. Pasó lo que pasó. Era un cumpleaños común y corriente. Alguien me ofreció cocaína. Yo nunca había probado, y no sé por qué quise probar. Y caí. A partir de ahí, empecé a buscar dónde conseguir. Al principio no es fácil, pero después la encontrás en cualquier lado. Consumía cada día más.”
Alvarez negó a Página/12 que el consumo fuera una costumbre extendida entre sus camaradas de uniforme. “Nunca nadie me dijo nada al respecto, ni yo comenté tampoco mi caso.” Hasta que llegó el momento. A causa de que su adicción iba en aumento, el agente empezó a tener problemas familiares. “Me gastaba toda la plata en eso. Empecé tomando un papel, pero llegué hasta ocho o nueve seguidos. Después de eso quedaba destruido y mi trabajo me empezó a resultar un verdadero esfuerzo. Ahí tenés que estar pilas porque si no, te ponen. Me dio miedo lo que me pasaba y lo que me podía pasar. Y pensé que tenía que pedir ayuda.”
Durante un mes meditó qué hacer, con temor tanteó a sus superiores hasta que vio la posibilidad de que el comisario le tendiera una mano. El 3 de noviembre del ‘99, acompañado por su madre, se presentó ante su jefe para confesarle sus últimos hábitos, las lagunas depresivas en que caía, sus miedos. “¿Se quiere curar, Alvarez?”, le preguntó el comisario Gorosito después de una larga conversación en el despacho del jefe. “Afirmativo”, respondió el agente. “¿Quiere seguir siendo policía?”, y Alvarez repitió su respuesta. Después de valorar la honradez de su subordinado, el comisario lo envió al Hospital Churruca.
“Me hicieron varios análisis, y todos dieron bien”, recordó el ex agente. “Después empecé el tratamiento. Me recetaron pastillas para dormir pero yo no quería porque no iba a salir de una para caer en otra.” Pasado un tiempo, el Servicio de Psicopatología del Churruca consideró que “Alvarez se encuentra en condiciones de portar su armamento reglamentario”, el Departamento Técnico del Narcotráfico diagnosticó que “es probable que no se trate de un consumidor efectivo de sustancias de penalización legal”, y el propio jefe de la 48ª sostuvo que el agente en cuestión tenía la calificación de “conducta Bueno”.
Como corresponde, mientras Alvarez iniciaba el tratamiento, Investigaciones Administrativas de la Federal abría un sumario caratulado”Esclarecimiento del hecho”. El 14 de febrero de 2000, Ana Hidalgo, madre del agente, fue citada a declarar. La mujer relató las peripecias de su hijo y su intención de sanar mediante un tratamiento. A su turno, Alvarez repitió la misma versión. “Pero después tuve una recaída”, aseguró el agente. Entre el 8 y el 14 de septiembre del mismo año, el agente placa 2096 no se presentó a trabajar. Su ausencia fue sancionada con 20 días de arresto. Alvarez presentó una licencia médica que le firmaron en el Churruca en la que justificaban sus ausencias, pero la sanción siguió figurando en el legajo. En octubre, le retiraron el arma, pero siguió trabajando dentro de la comisaría, en cuestiones administrativas. “Decí las cosas como son, andá de frente, te vamos a ayudar”, le recomendaron sus superiores. A todo esto, Alvarez había iniciado por su propia cuenta un tratamiento en el Cenareso, donde registró evidentes mejorías.
Por eso, se llevó una sorpresa cuando Investigaciones Administrativas lo pasó a disponibilidad el 1º de diciembre de 2000. Lo acusaban de “no adecuar conductas a normas éticas”, “haberse determinado que es consumidor de estupefacientes” y de “tener clara vinculación con personas que se dedican a la comercialización”. Las acusaciones resultan curiosas: la primera parece sostener que las normas éticas de la Federal no son la verdad sino las apariencias. La segunda es engañosa: “haberse determinado” hace pensar en una profunda investigación, pero quien determinó la existencia del consumo fue el mismo Alvarez al presentarse.
Pero la más curiosa de todas es la tercera. Consumir drogas no es delito en la Argentina, aunque legalmente se exige la cura –cuestión que el propio Alvarez puso en marcha–. Mantener vinculación con narcos es delito penal y de competencia federal. Pero la Justicia jamás se enteró porque quienes investigaron jamás hicieron la denuncia. O bien la Federal acusó sin pruebas o, si las tuvo, se transformó en encubridora. Como dato al margen, el pase a disponibilidad sin pruebas llevaba una firma aún más curiosa: la del jefe de Investigaciones Administrativas, comisario Vicente Curreti.
Durante varios meses, Alvarez apeló, insistiendo en que no desprestigió a la fuerza porque fue una confesión individual buscando ayuda; que la acusación se sostenía en los 20 días de arresto por ausencias que habían sido autorizadas por los médicos policiales; que no se encontraba vinculado con ningún narcotraficante; que no existían denuncias ni pruebas de los delitos que le imputaban, y que ya se había curado de su adicción.
En respuesta, el 27 de abril del año pasado, tras ser citado por dos juntas de calificaciones, que se adelantaron a la junta médica que hubiera probado su cura, fue declarado inepto para el servicio y dado de baja.
“El año pasado –aseguró Alvarez– leí una nota periodística en la que autoridades provinciales reconocían que tenían casos como el mío y que no los daban de baja sino que los ayudaban para reintegrarlos (ver aparte). Lo que hacen conmigo es una injusticia.” Este año, tras la cesantía, el ex agente LP 2096 se presentó ante la ONG SOS Discriminación, de Víctor Ramos, para iniciar otro camino: un reclamo ante la Justicia.