“Como sociedad no necesitamos una policía enferma –dijo Víctor Ramos, de SOS Discriminación–, pero si un policía se declara enfermo, la institución lo tiene que ayudar y poner en una actividad pasiva. Si Alvarez cometió un ilícito debió haberse hecho la denuncia judicial correspondiente. Si hay otros policías que se encuentren en las mismas condiciones, con la sanción a Alvarez lo que logran es que nadie se anime a hablar por temor a que lo echen. Y no nos cabe duda de que los hay.”
En septiembre del año pasado, el ex ministro de Seguridad bonaerense Ramón Verón aseguró que durante el 2000 se habían registrado 10 casos de policías que se drogaban en la Bonaerense. Su ex colega de Justicia Jorge Casanovas admitió que se registraron 12 casos de drogadicción entre agentes del Servicio Penitenciario provincial. Y el juez de Garantías platense César Melazo afirmó que “la utilización de drogas aumenta no sólo en la gente sino también en la enorme cantidad de funcionarios y personal de seguridad que están enfermos por el consumo de estupefacientes”. Aunque en la Federal nadie reconoció nada, es presumible que el de Alvarez no sea el único caso sino sólo la punta de un silencioso iceberg.