¿En qué se gastan los 9400 pesos mensuales que invierte el Estado nacional en cada uno de sus casi 10 mil detenidos en cárceles federales? ¿Y los 3000 que invierte el Estado bonaerense en cada uno de sus 25 mil presos? “La cifra puede hacer suponer que viven rodeados de confort y son alimentados y vestidos mejor que muchas familias argentinas que viven bajo la línea de pobreza; y pueden realizar actividades recreativas, laborales y educativas de calidad, en establecimientos modelo”, aclararon desde el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, ONG que trabaja en forma directa sobre la situación de los presos en penales federales. “Con esa suma, no debieran existir carencias materiales, de asistencia en salud, educación, tratamientos médicos y psicológicos, psiquiátricos”, señala el Comité Contra la Tortura, en un informe titulado “La corrupción penitenciaria y la Justicia”, referido a las cárceles bonaerenses.

La semana pasada, la ONG Unidos por la Justicia difundió los montos que destinan los estados nacional y bonaerense para supuesta manutención y más supuesta custodia de cada uno de sus detenidos. Así, la Nación distribuye para sus 9249 detenidos y detenidas 1.043.954.195 al año, lo que hace la cifra de 9400 pesos mensuales, y la provincia de Buenos Aires supone distribuir 1184 millones que llevan a la cifra a cuatro mil pesos mensuales por detenido/a. Pese a esas cifras, si las condiciones materiales de los internos “son aberrantes”, tal como señalan tanto el Cepoc como el CCT, ¿en qué bolsillos se disuelven esos montos?

En su prolijo informe, el CCT sostuvo que “no existe una auditoría de los fondos independientes al sistema, con lo que no se controla el destino de esos fondos”. Y agregó varios casos ejemplificadores del estado de corrupción. La causa 261221/04, en trámite ante la fiscalía 8 platense, a cargo de los fiscales Esteban Lombardo y Carlos Paolini, que fue una de las que supuestamente motivó la intervención del SPB, quedó en la nada. En ella se denuncian pago de sobreprecios por la compra de insumos alimentarios, de proveeduría y médicos, manejos irregulares de las cajas chicas, malversación del peculio de los detenidos (porque dentro de los cuatro mil pesos figura un peculio mensual que debiera recibir el preso, pero que no recibe). La causa no tuvo avances significativos y va camino al archivo. En dos años (2007-2008) apenas si se tomó un testimonio a un penitenciario quien, curiosamente, acusa a sus superiores de “obligarlo a sacar carne del depósito para entregarla a oficiales, y que al desobedecer lo empezaron a castigar con días de arresto, hasta que le dieron la baja”.

La causa 275.202/05 es sobre el negocio de las sábanas en el hospital penal de Olmos. El caso fue denunciado por Juan Manuel Casolati, secretario de Ejecución de la Defensoría General de San Martín. Según informaron a Casolati en la U22 de Olmos, incineraban las sábanas porque supuestamente resultaba más costoso que lavarlas. Pero el funcionario judicial denunció que los presos no tenían sábanas nuevas cada quince días sino que eran obligados a lavar las sábanas viejas, que pasaban como incineradas para que se pudiera ordenar la compra de sábanas nuevas que jamás aparecieron por el penal. La fiscalía de Lombardo y Paolini el único movimiento que hizo en la investigación fue pedir al SPB, a poco de presentada la denuncia, planillas de asistencia, ingreso y egreso de personal, sanidad, talleres, depósito, cocina, contaduría, secretaría, vigilancia y tratamiento. Recién en febrero de 2008 el SPB envió respuesta. En agosto pasado la fiscalía pidió un listado completo de integrantes del SPB en la U22. Hasta la fecha es lo único que se movió en la causa.

La misma fiscalía, que es la que asume los delitos complejos, recibió denuncias por irregularidades en el manejo de caja chica, medicamentos y horas extras (IPP 298082/06); irregularidades en la compra de insumos (IPP. 27670/07); irregularidades en la provisión de alimentos (IPP. 011.732/07). Y la fiscal 9 de San Martín, Diana Mayko, recibió la denuncia por compra de leche no apta para consumo humano (IPP 533.330/07) realizada también por Casolati. Ninguna de las causas tuvieron resolución alguna.

Por su lado, el Cepoc y la Asociación de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales sostuvieron que “el presupuesto es una realidad que los detenidos no conocen” y describieron los rubros donde los presuntos 9400 pesos no aparecen. Alimentación: “Si el detenido está en la cárcel federal de Chaco, por ejemplo, las familias se juntan semanalmente en grupos de cuatro a seis y reparten los costos (a veces no todos pueden pagar) para enviar una encomienda que ronda los 300 pesos más el gasto de envío, otros cien, para que entre cuatro y seis personas presas coman. Siempre y cuando la comida no quede en el camino. En Devoto, por ejemplo, gastan 100 a 150 pesos y pagan un depósito de alimentos para la semana”.

“Las visitas deben pagarse los viajes. A Chaco ida y vuelta sale 300 pesos, y 40 por noche de estadía. Si no hay plata no hay visitas.” De la provisión de ropa de cama, obligada en la ley de Ejecución 24.660, ni hablar: muchos ni siquiera tienen colchones. “Como ejemplo, en el Módulo 2 del Complejo Penitenciario II de Marcos Paz no hay un vidrio sano, pero en la U19 se invierte en rampas para los autos del personal”. Para estudiar, que sólo algunos pueden, los familiares deben comprarles cuadernos, lápices y materiales. “Ahora nos enteramos de que se gastan más de 6000 pesos mensuales para tener privadas de libertad a personas con serios problemas de salud, que no tuvieron acceso ni a la escuela primaria, encerradas en celdas de aislamiento sin ningún tipo de contención y acompañamiento, sin alimento y sin ropa, muchas veces brutalmente golpeadas por el personal penitenciario cuyo sueldo pagamos entre todos.”