Un juez correccional de San Nicolás sentenció a dos oficiales penitenciarios, Luis Cruz y Lucas Burucua, a tres años y ocho meses y tres años y seis meses de prisión con cumplimiento efectivo y a otros cinco guardias a tres años condicionales e inhabilitación para cargos públicos por el doble de la condena (un octavo fue absuelto), por haber pateado y golpeado a mansalva a un detenido, Ricardo De Angelis Baccarini, hasta partirle el hígado en cuatro partes y dejarlo al borde de la muerte, con secuelas gravísimas y de por vida: dolores, múltiples operaciones, incontinencia. Desde el inicio, el caso hizo equilibrio sobre la cornisa de la tortura –una de las deudas de la Justicia argentina con las convenciones internacionales–, y cuando perdió el equilibrio cayó para el lado que siempre cae porque el viento, la balanza y las estadísticas soplan en contra: llegó a juicio como severidades agravadas, con penas sensiblemente menores que la perpetua de la tortura. La condena fue recibida con una curiosa demostración carcelaria: un motín. No de los presos, qué va, sino de los indignados compañeros de los condenados de la Unidad 3 de San Nicolás, acuartelados a la espera de explicaciones por tamaña injusticia.

El 29 de julio de 2006, Ricardo De Angelis Baccarini estuvo a punto de pelear con otros dos detenidos, Bogado y Gutiérrez, en el penal nicoleño, por el robo de algunos objetos personales. La pelea no se inició porque el sistema de prevención de incidentes del penal logró evitarla: arrasaron con todos, especialmente De Angelis. Página/12 informó sobre el caso en una serie de notas, incluyendo las lamentables condiciones en que sobrevivió De Angelis: después de la golpiza, que duró no menos de tres minutos, lo dejaron tirado en un sector y al día siguiente, milagrosamente con vida, lo encontró un preso y pidió auxilio. Estuvo internado con el hígado partido en cuatro partes, recorrió hospitales, siempre esposado a la cama, aunque no podía ni levantarse para ir al baño, con lesiones gravísimas de por vida. Después de reintegrarse en deplorable estado a la vida penitenciaria, intentaron tres veces asesinarlo y lo pasearon por 15 unidades bonaerenses, arrastrando su cuerpo en las condiciones en que estaba y provocándole una eventración por el esfuerzo de cargar sus bártulos en cada mudanza, situación que derivó en otra cirugía de emergencia. Nada de esto, ni que su vida estuviera a merced de sus custodios, alcanzó para que se considerara el caso como torturas físicas y/o psíquicas, y fue elevado a juicio por severidades agravadas, un daño que teniendo en cuenta el sufrimiento pasado y el que le tocará suena a eufemismo jurídico.

El caso llegó así al fuero correccional, emparentando la salvaje golpiza y sus consecuencias con un accidente de tránsito. El médico que ofició de perito oficial constató durante el juicio los golpes, sostuvo que no pudo haber sido una pelea entre dos, agregó que debió extenderse durante varios minutos y que el estallido del hígado podría haber derivado en la muerte. Uno de los testigos, Marcos Cafiero, preso en San Nicolás, reconoció sin dudar a cada uno de los penitenciarios acusados. Poco después de su declaración, curiosamente recibió un puntazo. La versión del SPB fue que el preso se “autoapuñaló porque no quiere que lo trasladen”. En todo caso, no se explicó por qué deberían trasladarlo.

El juez Sebastián Zubiri escuchó desde la semana pasada las acusaciones fiscales. El representante de De Angelis, Rodrigo Finelli, coordinador de Asistencia a la Víctima, dijo que apelará, pero se mostró conforme con el fallo. “Son escasas las condenas por este tipo de delitos.” Rodrigo Pomares, como veedor del Comité Contra la Tortura, sostuvo que “es preocupante que no hayan sido juzgados por torturas y además que ninguno vaya preso hasta que se pronuncie el Tribunal de Casación”.

[email protected]