El ministro de Ambiente y Espacio Público porteño, Juan Pablo Piccardo, defendió ayer en la Legislatura el accionar de la UCEP, el cuestionado organismo que está bajo su órbita y que se dedica casi exclusivamente a desalojar indigentes que viven en la calle. Sus explicaciones, sin embargo, no lograron despejar las dudas de los legisladores de la oposición. El área al que pertenece la UCEP tendrá en 2010 un presupuesto cinco veces mayor al de este año (aumenta de uno a cinco millones de pesos), pero ese dinero, explicó el ministro, se destinará a la “compra de equipamiento para el retiro de carteles ilegales en la vía pública”. Un argumento similar había esgrimido Piccardo cuando explicó que la misión de la UCEP no sólo era el desalojo de personas sin techo sino el retiro de cartelería y puestos de venta ilegal. Sin embargo, el informe que envió su cartera a la Defensoría del Pueblo da cuenta de que, de 444 procedimientos, ninguno se refiere a letreros o puestos de venta. Piccardo relativizó las denuncias por agresiones y amenazas en los operativos de la UCEP, dijo que hay tres sumarios en curso por esas denuncias, admitió que ninguno de sus integrantes fue separado preventivamente de su cargo y reconoció que no sabe quién es el jefe operativo de ese grupo de choque cuando hace sus tareas de calle. Por las dudas, pidió “disculpas” a Graciela Cisneros, una de las mujeres golpeadas por la patota el 1º de octubre último, quien estuvo presente durante el informe.

Piccardo concurrió a la Legislatura para dar explicaciones sobre el presupuesto para su cartera en 2010 (ver nota aparte). Su exposición forma parte de la ronda que todos los ministros realizan antes de que el cuerpo trate el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. Tras la presentación de Piccardo, los legisladores hicieron preguntas sobre las distintas áreas, pero el eje de los cuestionamientos estuvo centrado en el accionar de la llamada Unidad de Control del Espacio Público.

El ministro explicó que la misión de la UCEP es “equilibrar las necesidades de los vecinos con las de las personas que no tienen recursos”. Se refería a supuestos reclamos referidos a la presencia en la vía pública de personas en situación de calle. “Las personas que no tienen recursos ¿no son vecinos de la ciudad?”, le preguntó la diputada Diana Maffía, de la Coalición Cívica.

Liliana Parada (Proyecto Sur) –quien presentó al primera denuncia penal contra el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, por el accionar de la UCEP– hizo una enumeración de los casos denunciados por las víctimas ante la Defensoría del Pueblo porteña, y que hoy están agregados a la causa penal que ella inició. Ante una pregunta de la legisladora, Piccardo confirmó que son 26 y no 150 los integrantes de la UCEP”. Los otros 124 empleados trabajan en la Dirección de Ordenamiento del Espacio Público, del que depende la UCEP, explicó.

Pero ante una consulta del diputado Juan Cabandié, el ministro no supo decir quién es el jefe operativo del grupo cuestionado. Informó en cambio que la unidad está bajo el mando del director de Ordenamiento del Espacio Público, Jorge Polini, quien “recibe los reclamos de los ciudadanos y establece un programa de trabajo de acuerdo con las prioridades”. Luego, terminó por admitir que trabajaba allí un empleado conocido como el Tano Savoinano (señalado como barrabrava de San Lorenzo y jefe de la UCEP), quien –dijo– “está contratado desde hace cuatro o cinco años”.

Luego la diputada Gabriela Alegre (Diálogo por Buenos Aires) denunció que un operativo de desalojo realizado en Fitz Roy y Loyola, el 24 de marzo de este año, fue negado por el ministerio en un informe ante la Defensoría del Pueblo, en abril, pero admitido en un nuevo informe –publicado ayer por Página/12– como parte de los 444 procedimientos realizados por la UCEP entre febrero y septiembre de este año. “No podemos habilitar presupuesto para un grupo de matones que van clandestinamente, de noche, a desalojar indigentes”, afirmó Alegre, y le pidió a Piccardo que le pida “disculpas públicamente a Graciela Cisneros” –golpeada y desalojada, al igual que otra mujer embarazada, el 1º de octubre de Pasco al 1300– quien estaba presente en la audiencia.

“Si algún funcionario protagonizó un hecho irregular, le pido disculpas”, le dijo Piccardo. “No me sirve –le respondió la mujer–, porque el desalojo ya pasó y usted miente, porque usan la violencia.”

Facundo Di Fillippo (Coalición Cívica) advirtió que la ciudad no tiene 1100 vacantes en paradores, como había dicho el ministro, ya que “muchos de esos lugares son ocupados en forma permanente y no están disponibles”. Piccardo había dicho que hay unas dos mil personas en situación de calle a quienes se les ofrecían lugares en esos paradores.

Por último, Maffía pidió que se aclare cuál es el presupuesto para la UCEP en 2010 “para poder considerar los pedidos del CELS, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y Abuelas de Plaza de Mayo, que también son vecinos de Buenos Aires, para que no asignemos presupuesto a este organismo e impulsemos su disolución”.