“No se advierte una falta imputable capaz de comprometer la responsabilidad del Estado Nacional, sino que la lesión es exclusivamente atribuible a la conducta del laboratorio”, resolvió, en fallo unánime, la Corte Suprema de Justicia en referencia al polémico caso del propóleo. En 1992, veinticinco personas murieron luego de consumir jarabes y caramelos de propóleo producidos por el laboratorio Huilón, y que estaban contaminados por una sustancia tóxica: el dietilenglicol. La causa penal quedó cerrada en 1999 sin ningún culpable, ya que el fiscal Juan Sansone determinó que el propóleo había sido adulterado, supuestamente en un acto de sabotaje. Así, el entonces juez de instrucción Nelson Jarazo dejó sin efecto el procedimiento contra la dueña del laboratorio Huilón, Mabel Aparici, y su director técnico, Emilio Castro. Pero la instancia civil quedó abierta por una demanda de Francisca Parisi, viuda de una de las víctimas –Francisco Frezzini–. “Las autoridades ministeriales –sostuvo en su presentación– estaban obligadas a fiscalizar en los laboratorios habilitados el fraccionamiento y comercialización del propóleo”. Pero el fallo de la Corte dispuso que no existía responsabilidad del Estado y devolvió la causa a la Cámara Federal platense para que se expida nuevamente.