Desde Barcelona

Cinco días de arduas negociaciones técnicas en Barcelona no alcanzaron para allanar el camino hacia un acuerdo global planetario que permita disminuir la contaminación, sustituyendo al actual protocolo de Kioto que, entre otras debilidades, no incluye a los Estados Unidos. Sin embargo, la chance de generar un tratado “ambicioso y vinculante” como proclaman los europeos podría reactivarse si en la cumbre de Copenhague prevista para diciembre, Barack Obama llegara con un firme compromiso ante la comunidad internacional de reducir emisiones, anticipándose al respaldo que pueda darle su Senado a una iniciativa de este tipo. Yvo de Boer, secretario ejecutivo de la Convención de Cambio Climático de la ONU, reconoció ayer que esa esperada adhesión es el corazón del problema para avanzar en un acuerdo mundial de arquitectura difícil, que ya no puede darse el lujo de seguir excluyendo a la principal potencia occidental. Pero antes del estratégico cónclave danés, el presidente de los Estados Unidos hará una visita a China que se considera clave. En esa reunión bilateral, los dos principales productores de carbono del planeta podrían ponerse de acuerdo en qué se obligaría cada uno para no alentar el calentamiento. Los negocios y aportes multimillonarios estatales y privados que se asocian a cualquier decisión sobre el tema medioambiental dejaron a los equipos negociadores mirándose de reojo, con notable recelo o frustración, según los casos.

Tal como destacó Boer, quizás el principal logro de todas las rondas negociadoras que se sucedieron en los últimos dos años sea haber incluido la preocupación sobre las alteraciones climáticas en la agenda de los grandes líderes mundiales. Una prueba de esto tal vez sea que a la cumbre de Dinamarca ya garantizaron su presencia cuarenta mandatarios –Nicolas Sarkozy y Gordon Brown, entre otros–, a pesar de que ya es sabido que no habrá ningún acuerdo listo para firmar en la tierra de los vikingos.

En Barcelona hubo algunos avances técnicos, pero aún faltan las definiciones políticas fundamentales que permitan traducir toda esa labor en un tratado. No se esbozó ningún compromiso de reducción de emisiones, ni firme ni de la envergadura que señaló el cuerpo científico de la ONU como imprescindible para evitar consecuencias catastróficas por el calentamiento. Según el mandato de esos expertos, los países industrializados tienen que rebanar sus emisiones entre un 25 y un 40 por ciento hasta el 2020 y un 80 en el 2050, tomando como base del cálculo las que cada uno producía en el 1990. Pero lo puesto sobre la mesa hasta ahora deja las promesas muy lejos de esa meta.

Los europeos, que tienen una actitud militante en esta materia, aseguran que llegarán al 20 por ciento y que podrían recortar hasta el 30, si el resto de los países grandes hace un esfuerzo similar. Pero este planteo a priori generoso no lo es tanto cuando se lo pasa en limpio. Por un lado porque la realidad es muy distinta del interior del bloque y, si bien hay algunos países de la Unión que tienen una conducta verde reconocida, otros están muy en falta. Pero, además, porque consideran como parte de su esfuerzo no sólo la sustitución de una fuente de energía fósil, por ejemplo, sino también los bosques plantados, lo que minimiza su esfuerzo.

También hay una formulación tramposa del dinero que podrían aportar al Fondo de Adaptación para ayudar a los países en desarrollo. Según explicaba una fuente de la Unión Europea a este diario, al menos la mitad de los recursos calculados para obras o proyectos (estas estimaciones están en 100 mil millones de euros por año) serían aportados por las propias naciones involucradas, ya sea a través de sus estados o de empresas privadas que operan en sus territorios. Este cómputo incluye a todos los países en desarrollo sin excepción.

El segundo punto neurálgico sobre el que no se avanzó casi nada es, justamente, cómo se integrará ese fondo y quién administrará el dinero que Kioto ordena aportar a los países ricos, principales contaminadores del planeta, para auxiliar al resto del mundo, que debe adaptar su economía a las nuevas necesidades que genera el calentamiento. Para esto las propuestas son muchas y variadas. Cuánto hace falta, quién lo pone y a través de qué institución son incógnitas que despejar llevará mucho tiempo.

Lo claro es que debe barajarse y darse de nuevo en todo. Estados Unidos no adhirió a Kioto, por ahora el único instrumento legal para ordenar al mundo tras objetivos de una atmósfera más limpia. Y tampoco dio muestras de querer comprometerse en un acuerdo internacional vinculante, a pesar de las proclamas de Obama sobre la importancia de desarrollar energías más limpias. Su principal aporte en la materia sería sancionar una ley que impusiera límites a su poder contaminante, pero sólo como una norma interna, cuyo cumplimiento no esté sujeto al juicio externo. Y para ello tiene que ganar el aval del Senado, donde los lobbies petroleros y de otras industrias tienen mucha influencia y presionan para evitar una legislación que vulnere su negocio.

Discutir una prórroga de Kioto, que vence en 2012, sólo con nuevas metas es poca cosa para Europa, que quiere a Washington sí o sí dentro de un tratado mundial vinculante. Lo mismo que otros como Australia o que la propia China que, a pesar de estar en la categoría de país en desarrollo, ya esbozó su voluntad de reducir emisiones si otros grandes lo hacen. Pero ese parche se ve por ahora como la única alternativa viable para evitar un vacío legal en esta materia.

El otro camino negociador sería firmar un acuerdo totalmente nuevo, que no sólo expresara el apuro por liberar a la atmósfera de carbono sino que reflejara el nuevo marco internacional donde hay nuevos jugadores con un peso relativo diferente del que había cuando se firmó Kioto. Ese documento, que no alumbrará Copenhague, no sólo debería incluir a Estados Unidos obligándose a emitir menos carbono y aportando dinero para paliar los problemas del clima. También impondría obligaciones a las naciones en de-sarrollo, en particular a los “grandes” como China, Sudáfrica, México, Brasil e Indonesia.