Poco se sabía acerca de los diez detenidos, luego del raid de 60 allanamientos por la llamada “mafia de los medicamentos” realizado el miércoles pasado, hasta que ayer el juez Norberto Oyarbide reveló que uno de ellos es empleado de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (Anmat). Se trata del médico oncólogo Miguel Cosme De Marco, quien, informó el juez, “debía controlar los medicamentos y está detenido por no cumplir su misión”. Voceros de la Anmat, en tanto, procuraron aclarar que no se trata de un empleado jerárquico, tras lo cual se llamaron a silencio para respetar el mentado “secreto de sumario”. Para el resto de los detenidos, casi todos profesionales de la salud, la ronda de indagatorias comenzó en la tarde de ayer.

Oyarbide, que además acaba de ser ratificado una vez más al frente de la causa luego de que fuera desestimada la recusación que contra él plantearan Juan José Zanola y su mujer, Paula Aballay, no se privó de dar detalles sobre su certeza cuando de la culpabilidad “del señor De Marco se trata”. “Esto es así y lo sostengo porque las escuchas (telefónicas), que son interminables, dan cuenta del desparpajo en su comportamiento”, explicó. Fuentes de la Anmat informaron que el profesional detenido, que tiene una antigüedad de dieciséis años en el organismo, cumplía con la labor de médico evaluador de trámites, en el proceso que permite registrar medicamentos. Debía “evaluar que estuvieran bien todos los trámites”, pero además era alguien “de reconocido prestigio dentro de su especialidad” en la que, inclusive, “había realizado publicaciones internacionales de sus trabajos”. Voceros del organismo explicaron que, dado lo inusual de la situación, aún no se han resuelto acciones respecto de De Marco, puesto que “esperamos el resultado de la indagatoria para poder tomar una decisión”. Oyarbide, por su parte, insistió en que el detenido lo está “por no controlar exactamente o no cumplir afianzadamente su misión”.

Entre los otros detenidos, además del hijo de De Marco (que fue apresado en el mismo procedimiento que su padre), se encuentran los directivos de la Droguería Del Plata Jorge Moreno, Alejandro Martino, Bernardo Hogan y Alexia Bergari; y Juan Carlos Vernich, de Bisol, una firma dedicada a la comercialización de medicamentos para enfermedades como el sida y la hemofilia. También fueron detenidos los responsables de la droguería 8 de Junio, Fabio Di Rosso y Félix Vinciguerra, junto con un imputado de quien sólo trascendió que se apellida García.

Los 60 allanamientos simultáneos del miércoles habían tenido escenarios de lo más diversos, ya que sucedieron tanto en laboratorios como en droguerías, farmacias y obras sociales. De estas últimas, las instalaciones que fueron objeto del accionar judicial pertenecen al sindicato de telefónicos y a los Empleados de Electricidad. En ambos, según informó un fuente judicial, “se secuestró importante documentación que vincula a esas entidades con las droguerías que les vendían medicamentos adulterados o vencidos”.

En tanto, ayer mismo la Cámara Federal porteña volvió a ratificar a Oyarbide al frente de la causa, tras rechazar un planteo del gremialista bancario Juan José Zanola y su mujer, Paula Aballay, imputados en la causa. Aun cuando, argumentando que de declaraciones periodísticas hechas por el juez podía inferirse prejuzgamiento, Zanola pretendía llevar el tema al tribunal de Casación Penal, la sala II del tribunal de apelaciones rechazó la presentación por “inadmisible”, con lo que dejó en firme su decisión del 8 de octubre, cuando ya había ratificado al juez, que, por otra parte, aún no citó a indagatoria a la pareja. Además, a la noche el fiscal federal Luis Comparatore rechazó los pedidos de excarcelación que presentaron cuatro de los nueve detenidos.