Las veladas privadas en el Tattersall de Palermo son un problema para los vecinos del barrio y la habilitación para hacerlas, una cuestión pública que el gobierno porteño no resuelve. La esposa de Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de Gabinete de Mauricio Macri, festejó el cumpleaños en sus amplias instalaciones y por el nivel de ruidos que provocó en la madrugada del 15 de noviembre, motivó una denuncia –que no fue la primera– de la ex funcionaria nacional Marta Oyhanarte. La anécdota se torna paradójica porque el lugar, inaugurado en 1898, no tiene permiso de la ciudad para funcionar. Y es porque la Dirección General de Interpretación Urbanística, que depende de la Subsecretaría de Planeamiento Urbano, no se pronuncia sobre el expediente del caso que retiene desde 2007. Un recurso de amparo concedido por la jueza Elena Liberatori sostiene la precaria posibilidad de organizar eventos allí, como sucedió con Bárbara Diez de Rodríguez Larreta o Sandra Mendoza, la esposa del gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, cuando le realizó la fiesta de quince años a Guillermina, una de sus dos hijas, en abril.

La zona de Avenida Del Libertador desde la altura del 4400 al 4600 y hacia el interior del predio donde se ubica el Hipódromo de Palermo es considerada Area de Protección Histórica porque se encuentra dentro del Parque 3 de Febrero. La compañía Tattersall SA ofrece sus servicios que, según una base de datos comercial a la que tiene acceso Página/12, son la “explotación de espectáculos públicos circenses, todo tipo de pruebas acrobáticas, payasos, etc.”. Nada que ver con el núcleo de su actividad actual. Al frente de la sociedad anónima está el empresario Jorge Héctor Bernstein, que consiguió la autorización para trabajar gracias a la medida cautelar que presentó ante la jueza en lo Contencioso Administrativo y Tributario.

En su fallo, Liberatori considera que “la situación es verdaderamente paradojal. La administración le veda o dificulta en el mejor de los casos, o ha permitido a la actora ejercer su derecho de trabajar y ejercer industria lícita (...) cuando todo ello se encontraría a salvo si finalmente reglamentara los usos comerciales del área Parque 3 de Febrero”. La magistrada también define la situación como “discriminatoria” porque en el área del Parque funcionan el restaurante Kansas, la confitería Módena, La Rural y varios clubes.

La inequidad comercial que plantea la jueza –en el amparo de agosto pasado cuestiona los permisos especiales para funcionar– no contradice las quejas de los vecinos, como aquella que presentó Oyhanarte. La ex subsecretaria para la Reforma Institucional y Fortalecimiento para la Democracia, que renunció a su cargo en el gobierno nacional el 1º de diciembre, amplió el 16 de noviembre denuncias anteriores ante la Defensoría del Pueblo de la ciudad. “Agrego a lo que ya consta en los expedientes en cuestión que el sábado 14 se realizó una fiesta en ese lugar (por el Tattersall) que se extendió hasta altas horas de la madrugada del domingo 15 produciendo ruidos de nivel absolutamente prohibido alterando la calma de los vecinos del lugar.”

Oyhanarte comentó por escrito que “dicha fiesta se trató del festejo de cumpleaños de Bárbara Diez, esposa del jefe de Gabinete del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, señor Horacio Rodríguez Larreta. Asistieron, entre otros, el diputado Diego Santilli, a cargo interinamente de la Jefatura de Gobierno por ausencia de su titular, Mauricio Macri, y también legisladores y funcionarios de la ciudad”. Como fuente de la información citó al diario Ambito Financiero.

Esta denuncia más o menos reciente no es la única contra las suntuosas fiestas del Tattersall en los últimos años. Las primeras de las que se tiene constancia en la Defensoría del Pueblo porteña datan de 2005. Dos actuaciones, la 6799/05 y 6853/05 fueron iniciadas por la vecina Alicia María Lerda Zanotti, también por ruidos molestos provenientes de los locales de Avenida Del Libertador 4401, 4405, 4595 –la dirección del salón que regentea Bernstein– y 4611 “con motivo de fiestas privadas celebradas en la madrugada del día 22 de diciembre de 2005”. Por esos hechos, la Policía Federal labró contravenciones que luego fueron elevadas a la fiscalía Nº 7. Estos trámites judiciales generaron pesquisas posteriores sobre si el salón contaba con la autorización para funcionar de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos (DGHP).

Las características de este “espacio excepcional, probablemente único en Buenos Aires, cuyo valor locativo no está sujeto a las valoraciones normales del mercado” –según reza un informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen)– colocó al Tattersall, por distintos motivos, en la mira de funcionarios, contratistas y vecinos. Los primeros nunca se privan de concurrir a sus fiestas aunque el salón no esté habilitado por el mismo gobierno que integran, los segundos hacen buenos negocios por el canon irrisorio que pagan (ver aparte) y los últimos se quejan desde hace años de los ruidos molestos.