Laura tiene 28 años, dos hijos de 10 y 6 años. Vive en un barrio humilde de la ciudad de Santa Fe. Trabajó toda su vida, en distintos lugares. Fue empleada doméstica, ayudante de cocina en restaurantes y personal de seguridad privada. Hace siete años, en 2002, estaba en situación de prostitución. “Mi hijo tenía dos años, yo había perdido mi trabajo y tuve que hacer eso. Me arrepiento un montón”, expresó la joven, que en junio pasado fue expulsada de la escuela de policía del Instituto de Seguridad Pública por contar con un antecedente contravencional en 2002. Aunque las faltas prescriben luego de dos años, tal como le firmó el propio juez de Faltas, Héctor Valli, la directora del ISEP, Adela Aichino, se ampara en el reglamento para mantener la expulsión. Por intervención de la delegada del Inadi en Santa Fe, Stella Vallejos, el tema llegó a la Fiscalía de Estado provincial, que el 16 de octubre pasado realizó una audiencia pública. Sin embargo, el fiscal Jorge Barraguirre todavía no se expidió. Mientras tanto, Laura había renunciado a su empleo con la ilusión de ser policía. “Hice todo lo que pude para que me dieran una oportunidad”, dijo la mujer sobre la expulsión. Para Vallejos, tanto la decisión de la escuela como la dilación del Estado para resolver su reincorporación constituyen una forma de “violencia institucional”, descripta en la nueva ley de violencia de género.

El Código de Faltas de la provincia de Santa Fe penaliza la prostitución en tres artículos, que el sindicato Ammar viene denunciando desde su formación, en 2001. Después de varios intentos de derogar esos artículos, el mes pasado obtuvo media sanción el proyecto de ley de la diputada provincial del Partido Socialista, Lucrecia Aranda, para despenalizar la prostitución. Por otra parte, la ley orgánica policial de la provincia, número 12.333, en su artículo 8 inciso d, prohíbe ingresar a la escuela con antecedentes de contravenciones.

La gestión de buenos oficios del Inadi no sólo llegó hasta la directora del Instituto, sino también al entonces secretario de Seguridad Carlos Iparraguirre, quien fundamentó que debía revisarse la ley, de manera que una sola contravención no fuera suficiente para impedirle convertirse en policía a una persona. Con los mismos argumentos, se pidió la intervención de la Fiscalía de Estado, que realizó una audiencia y tiene pendiente un dictamen. A esa audiencia, Laura llevó todas las constancias que tenía: los buenos conceptos que recibió en la escuela, la nota del juez donde constaba la prescripción de la falta, así como la renuncia a su trabajo anterior. Y sobre todo, argumentó su voluntad de ser “una buena policía”. Desde entonces, espera un dictamen que le permita reintegrarse a la escuela de policía. Mientras tanto, Laura perdió el año de estudios. También tiene guardado el uniforme policial, que debió comprar para estudiar en la escuela, y solventó con la venta de empanadas que ella misma preparó.

Nada de eso valió en el momento de la expulsión, y tampoco el buen promedio que la mujer obtuvo en las materias durante los meses de cursada. “Quiero ser policía para estar en la calle, para prevenir los delitos, para honrar ese trabajo tan importante”, explicó Laura. “No saben el daño que me hicieron”, expresó sin contener el llanto.

La joven sabe que es víctima de una injusticia, pero también manifiesta arrepentimiento. “Para mí fue un error, pero yo era chica. Además, creo que tendrían que darme la oportunidad. Fue hace siete años”, argumentó. Y subrayó que hubo una larga transición entre aquella etapa de su vida y la actual. “Yo no salí de aquello y vine de inmediato a inscribirme en la escuela de policía. Pasaron años, trabajé en muchísimas cosas”, relató.

Por eso, la joven pidió una oportunidad. “Lo mío está todo cerrado, yo no tengo nada, no le debo nada a nadie. La contravención es de 2002, hice todo lo que pude para que me den una oportunidad. Cuando tuve que pedir concepto en la escuela, todos se sorprendieron porque me iba bien, todo el esfuerzo que puedo hacer, lo hago porque quiero ser policía”, indicó Laura.

Además de denunciar la violencia institucional, Vallejos se refirió al sexismo que implica la decisión de expulsar a la joven de la escuela de policía. “¿Cuántos varones dentro de la fuerza y de la institución policial seguramente han utilizado los servicios de mujeres en situación de prostitución? No seamos hipócritas”, afirmó Vallejos. La paradoja se agiganta si se tiene en cuenta que en junio de este año fue asesinado el policía Emanuel Dal Mastro cuando custodiaba un burdel. Esa prestación de servicios a una actividad ilegal provocó una crisis en la policía provincial, que terminó con la designación de un civil, Gonzalo Armas, en la Dirección de Asuntos Internos.