El 30 de noviembre pasado, el comisario de la Bonaerense Marcelo Ricardo Andrade asumía como titular de la Dirección Departamental de Investigaciones de Mercedes. No lo hacía con pompa ni trompetas, ni mucho menos. Asumió en las últimas horas de la noche de ese lunes, y apenas si fue registrado por los medios hasta varios días más tarde. ¿Por qué un cargo que muchos comisarios inspectores envidiarían no cerraba completamente el horizonte de expectativas de un comisario, un grado jerárquico por debajo? Quizás una respuesta posible a la incógnita sea el modo en que salió Andrade de su cargo anterior, como jefe de la Dirección de Prevención del Delito contra la Propiedad Automotor, título no sólo rimbombante sino también clave para el control sobre el negocio de los desarmaderos. Según reconoció el ministro de Seguridad, Carlos Stornelli, en su denuncia contra la mafia policial de los desarmaderos, publicada ayer por Página/12, el 16 de noviembre desplazó a las jerarquías de la Dpdcpa, más conocida por Sustracción de Automotor. Para esa fecha, a la cabeza de esa dirección estaba Andrade. Algunas preguntas hasta ahora sin respuesta sugieren que no todo es tal como se presenta ante los ojos de la sociedad.

La denuncia es gravísima e inusitada, porque el mismo Stornelli señala la existencia de una mafia policial, y aunque no da nombres, no denuncia en términos genéricos sino con nombre de jefatura, fácilmente verificable. Mucho más grave es la hipótesis planteada en la denuncia sobre las derivaciones de la intervención ministerial sobre Sustracción de Automotores: la seguidilla de crímenes que se produjo luego del 16 de noviembre, día en que supuestamente inició la intervención en las verificadoras de automotores e implementó el relevo de los jefes y quince peritos verificadores, limitó las verificaciones fuera de la planta, instaló filmadoras, impidió la venta de formularios firmados en blanco y el marcado de motores y chasis en forma ilegal, todo dentro del ámbito de la Bonaerense.

“De comprobarse estos hechos, los mismos tendrían una gravedad institucional inusitada. La denuncia es gravísima”, fue el comentario del fiscal Marcelo Romero, quien adelantó que está “trabajando con la SIDE y el área de inteligencia de Gendarmería Nacional”. No será difícil descubrir los ilícitos, cuyas pruebas remite Stornelli, sino demostrar la ilación con los crímenes. El propio Stornelli, a quien según fuentes judiciales Romero citará a declarar para ampliar su denuncia, se le podría complicar su declaración si se considera que el mismo 30 de noviembre en que Andrade asumía, en la oscuridad, la DDI mercedina, el propio ministro aparecía en La Nación denunciando al juez platense Luis Arias porque “el magistrado platense había acusado a la Policía Bonaerense de reclutar a menores de edad para delinquir”, tal como señalaba el matutino.

Precisamente, la denuncia presentada de Stornelli contra la mafia policial de las verificaciones sostiene nada menos que lo mismo de lo que acusó a Arias: sostiene que los crímenes cometidos a partir del 17 de noviembre “se habrían desplegado en una de sus aristas, a partir del reclutamiento de menores y mayores de edad en asentamientos de emergencia de la provincia de Buenos Aires, que habrían o estarían llevando a cabo presuntamente policías de la provincia de Buenos Aires, retirados o exonerados, quienes asegurando una mentida protección a los mismos y otros beneficios, entre ellos dinerarios, les encomendarían tareas delictivas, bajo patrones criminales comunes”. También se podría complicar la investigación si se tiene en cuenta que el propio fiscal Romero hizo causa común contra Arias en aquella oportunidad.

De una o de otra manera, desde el Ministerio de Seguridad no se respondió al aparente contrasentido de denunciar por un lado y designar en la titularidad mercedina por el otro.

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