El proyecto de reforma al Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires ingresó ayer a la Legislatura para su tratamiento. Con la firma de Mauricio Macri, su jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, y el ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, el gobierno porteño tipifica en poco más de dos carillas quiénes pueden ser considerados piqueteros, cuidacoches y limpiavidrios, además del consabido castigo que les espera si cometen contravenciones que podrían derivar hasta en 40 días de arresto y 6000 pesos de multa si se toman en cuenta los agravantes. Las modificaciones planteadas por el Ejecutivo alcanzan a seis artículos del Código (24, 52, 79, 80, 85 y 85 bis) y endurecen notablemente las penas que se aplicarán. Además, se contempla la creación de un sistema telefónico de denuncias.

Un ejemplo muy claro de la mano dura que Macri propone surge de la comparación entre el artículo 79 y las reformas que pretende realizarle. En el capítulo dos, sobre el “Uso del espacio público y privado”, ese artículo dice: “Cuidar coches sin autorización legal. Quien exige retribución por el estacionamiento o cuidado de vehículos en la vía pública sin autorización legal, es sancionado/a con uno (1) a dos (2) días de trabajo de utilidad pública o multa de doscientos ($ 200) a cuatrocientos ($ 400) pesos. Cuando exista previa organización, la sanción se eleva al doble para el organizador”.

Con los cambios quedaría así: “Cuidar coches, limpiar vidrios o prestar otros servicios sin autorización legal. Quien ofrece de manera directa o indirecta el servicio de cuidacoches, limpiavidrios u otro tipo de servicios requeridos a conductores de cualquier tipo de automotor en la vía pública sin autorización legal, es sancionado con uno (1) a cinco (5) días de arresto o multa de doscientos ($ 200) a dos mil ($ 2000) pesos. Cuando exista previa coordinación, la sanción se eleva al doble para quienes de cualquier modo participen de la misma. La sanción se eleva al triple para los organizadores o jefes de organización”.

Otro tanto ocurre con el artículo 52. Hasta ahora menciona: “Hostigar. Maltratar. Intimidar. Quien intimida u hostiga de modo amenazante o maltrata físicamente a otro, siempre que el hecho no constituya delito, es sancionado con uno (1) a cinco (5) días de trabajo de utilidad pública, multa de doscientos ($ 200) a un mil ($ 1000) pesos o uno (1) a cinco (5) días de arresto”. En su proyecto, el jefe de Gobierno eleva las penas por la misma contravención a un mínimo de cinco días de arresto y un máximo de veinte.

En el artículo 85 bis que Macri intenta agregar al Código Contravencional, queda en evidencia de qué modo controlará la protesta social: “Ocultar la fisonomía en marchas o manifestaciones. Quien oculta o cubra su rostro o parte del mismo con cualquier elemento apto para ello, de manera tal de impedir u obstruir su individualización en ocasión de reuniones o eventos masivos de índole cultural, deportivo, o en caso de marchas o manifestaciones, es sancionado con cinco (5) a veinte (20) días de arresto, excepto que ello obedeciera a motivos religiosos, culturales, étnicos o sanitarios”.

También plantea el proyecto la reforma del artículo 80, que hasta hoy sanciona el acto de ensuciar bienes de propiedad pública o privada con uno a quince días de trabajos comunitarios y multas de 200 a 3000 pesos. El gobierno porteño eleva las penas al rango de uno a cinco días de arresto y de 600 a 5000 pesos las multas por la misma contravención.

Macri cometió un lapsus jurídico el lunes pasado cuando presentó en una conferencia de prensa estas propuestas. Dijo que había comprobado de cerca cómo “aumentó la angustia de la gente a raíz del incremento del delito”. Confundió este último con las contravenciones y de ahí pasó a justificar las modificaciones al Código. Sus últimas declaraciones radiales fueron en línea con aquel pensamiento. Sobre los trapitos y limpiavidrios que pululan por la ciudad aseguró que “hay mafias que los conducen y hay que combatirlas dándoles a la Justicia y a la policía instrumentos para que puedan actuar”.

La prohibición para que trabajen en la ciudad cuidacoches o limpiavidrios sin autorización legal sugiere que aquellos que se registren sí podrían hacerlo. El proyecto que se presentó en la Legislatura aclara que ya funciona un sistema de permisos regulados en los barrios de Palermo, Caballito y Flores y fue acompañado por seis carillas con los fundamentos. Además establece un juicio sumario para todo aquel cuya conducta encuadre en las contravenciones que describe. La modificación al artículo 24 del Código dispone que si el “imputado” no es detenido, debe comparecer ante el fiscal cuando sea citado. En caso contrario, la persona debe ser conducida “directa e inmediatamente” ante el juez, quien debe dictar sentencia en 48 horas.

El proyecto del Ejecutivo tiene 12 artículos y Macri pretende que se apruebe “dejando de lado los prejuicios ideológicos y la politiquería barata” porque se trata de votar “algo inteligente y moderno”. También aclaró que “nadie está violando los derechos humanos cuando hace estas cosas y no estamos criminalizando la pobreza por darle instrumentos a la policía para poder proteger a vecinos que trabajan y pagan sus impuestos”.

Si se aprobaran las reformas, el gobierno pondrá en marcha un sistema por cual los vecinos podrán denunciar las contravenciones a los números 147 o 0800-333-Fiscal “sin necesidad de concurrir en forma personal, de manera tal de lograr una ágil y efectiva implementación de la protección legal y así preservar la sana convivencia entre los ciudadanos y el pleno goce del espacio público”.