El Consejo de la Magistratura abrió la puerta a la jueza civil Martha Beatriz Gómez Alsina para presentar sus descargos a las acusaciones formales que dejaron en la cornisa su particular modo de interpretar la igualdad de la Justicia. Gómez Alsina fue conocida públicamente a fines del año pasado cuando, subrogando a su colega Félix Gustavo de Igarzábal, anuló el primer matrimonio gay celebrado en Argentina, pese a que el acto se encontraba con sentencia firme de un juez de un fuero diferente. A partir de allí, Gómez Alsina y De Igarzábal continuaron actuando en tándem con un método calcado: anularon fallos de jueces del fuero Contencioso Administrativo porteño, que nada tiene que ver con el fuero civil nacional, luego de la presentación de un vecino o de un matrimonio hétero que se decía violentado por la confirmación del matrimonio de dos personas del mismo sexo. Sobre 110 juzgados civiles, todas las presentaciones de los violentados recayeron por sorteo en los juzgados del tándem, con una curiosa incidencia de la mano de Dios, que también es investigada.

María Rachid, titular de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, firmó las denuncias (en realidad se trata de tres presentaciones) ante el Consejo de la Magistratura. La primera, el 20 de abril pasado, fue dirigida contra Gómez Alsina, a cargo del Juzgado Nacional Civil 102 de la Capital Federal. La segunda, al día siguiente, fue dirigida contra De Igarzábal, titular del 85 del mismo fuero. La tercera, el 20 de abril, contra la sala E de la Cámara del mismo fuero. Dos semanas más tarde, el 3 de mayo, para confirmar que el azar tiene dueño, Gómez Alsina se adjudicaba otro sorteo y anulaba el quinto matrimonio de dos personas del mismo sexo realizado ante el Registro Civil porteño y confirmado por la Justicia correspondiente, luego de la denuncia de un matrimonio heterosexual vinculado con los organismos ultracatólicos.

“Fueron cinco matrimonios en los que intervinieron saltando a un fuero que no es el de ellos. Es una locura desde el punto de vista jurídico”, dijo Rachid a este diario. La intervención de un juez del fuero Civil Nacional en una causa firme dentro del fuero Contencioso Administrativo porteño, para los expertos resulta tan antijurídica como la que resultaría si un magistrado del fuero Comercial Nacional anulara una decisión de la Justicia de Familia neuquina.

“Las denuncias están interrelacionadas –indicó la abogada Analía Mas, del equipo jurídico de la Falgbt–. Los dos jueces intervienen en todos los pedidos de anulación. Es muy raro que habiendo tantos juzgados civiles siempre les toque a ellos dos. Se fueron turnando, cuando no le tocaba a uno le tocaba por sorteo al otro. Y si alguno de ellos no estaba, lo subrogaba el otro.”

Por otro lado, además del sorprendente salto de fuero, las intervenciones de Gómez Alsina y De Igarzábal “son calcadas, idénticas, no es que presentan posiciones similares, son un calco hasta en las comas”, señaló la abogada de la Federación.

La denuncia presentada por la Falgbt acusa a ambos jueces de hacer lugar “en tiempo record a un planteo efectuado por quien no revestía ni podía revestir carácter de parte legitimada para obrar; amenazar penalmente a los contrayentes o al Registro Civil; provocar conflicto entre poderes”, y solicitó la remoción de ambos magistrados para iniciarles un juicio penal por prevaricato. A la fecha de la presentación de las denuncias, el tándem llevaba cuatro anulaciones de matrimonios que se encontraban confirmados por la Justicia. Dos semanas más tarde, la mano de Dios volvió a terciar y envió otra denuncia de un vecino sospechosamente contrariado por un matrimonio gay al juzgado de Gómez Alsina, que ordenó anularlo.

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