La violencia machista y la situación carcelaria en la Argentina fueron las situaciones por las que Amnistía Internacional (AI) expresó su mayor intranquilidad. En su informe 2010 sobre el estado de los derechos humanos en el mundo, AI manifestó su “honda preocupación” por la violencia de género en el país y recordó que en abril de 2009 se aprobó “una ley para prevenir y castigar la violencia contra las mujeres” que a finales de ese año aún “no había empezado a aplicarse”. En el panorama mundial, la organización constató en el último año un agravamiento de la brecha de la justicia social a causa de la actitud de los gobiernos poderosos, que “están bloqueando los avances en la Justicia internacional” (ver página 23).

El informe que se presentó ayer en Londres destaca, respecto de la Argentina, un aspecto positivo: el avance de los procedimientos penales “para llevar ante la Justicia a los responsables de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado”, indicó el escrito. Para la organización se evidencia un importante progreso en el “enjuiciamiento de destacados responsables” en este tipo de abusos que tuvieron lugar durante la última dictadura. Pero, también agregó que “la falta de recursos provocó largos retrasos”. También se detallaron algunos datos numéricos. Al término de 2009, más de 600 personas estaban procesadas por la comisión de violaciones de derechos humanos en el pasado, frente a las 30 condenas impuestas, según detallaron fuentes oficiales.

Otro de los aspectos en los que la organización llama la atención es en la protección de testigos que intervienen en esos procesos de enjuiciamiento. AI informó que, pese a la existencia de programas que resguardan la integridad de quienes declaran, hay “informes de amenazas” y recuerda el caso de Jorge Julio López, demandante y testigo principal en la causa seguida contra Miguel Etchecolatz –ex director de investigaciones de la policía de la provincia de Buenos Aires–, quien sigue con paradero desconocido desde 2006.

Respecto de la situación de las prisiones argentinas, la opinión de la AI no es muy alentadora. Así, en el informe resalta “las pésimas condiciones, el hacinamiento y la falta de servicios de salud apropiados” en centros de varias provincias, como también “los actos de violencia y las torturas y otros malos tratos registrados”.

En cuanto a los derechos de las comunidades indígenas, AI denuncia que hubo “órdenes de desalojo” en contra de “normas internacionales y una ley de emergencia nacional aprobada en 2006 por la que se suspendía de forma temporal la ejecución” de esas expulsiones.

El agravamiento de la brecha de la justicia social en el mundo es la principal conclusión que evaluó el informe de Amnistía Internacional. En ese trabajo se documentaron abusos en 159 países y se denunció la predisposición de los gobiernos a actuar por encima de la ley respecto de los derechos fundamentales y tomar medidas sólo cuando les conviene.

“En la brecha de la justicia global prosperan la represión y la injusticia, y millones de personas se ven condenadas a abusos, opresión y pobreza”, señaló durante la presentación del informe Claudio Cordone, secretario general interino de AI. Además, subrayó que “mientras los gobiernos sigan subordinando la justicia a los intereses políticos, la mayor parte de la humanidad seguirá viviendo con miedo y necesidades”.