El derrumbe de Villa Urquiza, que hasta ahora provocó la muerte de dos personas y heridas a otras once, puso en crisis el sistema de control de obras en la ciudad de Buenos Aires, desbordado desde hace tiempo por la explosión del negocio inmobiliario. El jefe de Gobierno, Mauricio Macri, derivó toda responsabilidad por la tragedia en el ingeniero responsable de la obra, al que acusó de haber cometido una “enorme impericia”, pero recibió a cambio una serie de cuestionamientos por la forma en que se venía manejando el control de las obras en construcción. Fueron los propios vecinos, que en muchos casos actuaron como inspectores para frenar obras irregulares, los que ayer reclamaron contra los permisos otorgados por el gobierno y la falta de controles, y un grupo de verificadores que actúan como peritos denunciaron que en materia de obras en construcción existe “muchísima permisividad” hacia las empresas, que habría quedado en evidencia en la obra siniestrada en Villa Urquiza. Para el defensor adjunto del Pueblo, Andrés Elisseche, el derrumbe pudo haberse evitado si el Ejecutivo hubiera “clausurado la obra, atendiendo a las denuncias de la Uocra, según las facultades de policía que le son propias”.

Integrantes de la Agrupación de Profesionales Peritos Verificadores revelaron ayer que en abril último se reunieron con el titular de la Agencia Gubernamental de Control, Raúl Ríos, a quien le advirtieron sobre “la cantidad de irregularidades en cuanto a controles edilicios que venimos detectando”. Ríos les expresó que los reclamos efectuados “excedían sus facultades”. “Nos indicó que debíamos hablar con el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, a quien le pedimos una audiencia el 8 de junio y todavía no recibimos respuesta”, dijo a Página/12 la arquitecta Eva Lilian Rodríguez, titular de la asociación de verificadores.

Los verificadores son profesionales contratados a través de convenios suscriptos con asociaciones profesionales. Realizan inspecciones que no son vinculantes, ya que no tienen atribuciones para clausurar obras. “Solicitamos que nuestras pericias sean vinculantes y que se agregue una nueva inspección en la etapa de demolición y excavación”, sostuvo Rodríguez.

El diputado Eduardo Epszteyn (Diálogo por Buenos Aires) denunció que la permisividad en los controles quedó demostrada en Villa Pueyrredón, “donde fueron los vecinos los que salieron a denunciar la existencia de 19 obras clandestinas”. “Un arquitecto sobre el que pesaba una suspensión de ocho años falsificó 19 permisos de demolición en complicidad con su socio, también suspendido. Pese a eso, bajo la administración de Ríos, los vecinos detectaron la reanudación de las obras en una de las construcciones clausuradas”, dijo a este diario.

Macri convocó temprano a una conferencia de prensa para descargar la responsabilidad por la tragedia sobre el ingeniero Guillermo Heyaca Varela, titular de la empresa Desarrolladora Mendoza SA. “En primera instancia, uno podría concluir que ha habido una enorme impericia por parte de la autoridad técnica de la obra, el ingeniero a cargo, que es también el dueño de la constructora”, acusó Macri. Según Macri, la Ciudad se presentará como querellante porque Heyaca Varela “encaró una excavación que puso en peligro las propiedades lindantes, no respetando nada los planos que tenía presentados y aprobados”.

El propio Heyaca Varela replicó, en declaraciones a una radio, al afirmar que Macri “está diciendo cualquier verdura, cualquier mentira”. Sostuvo que hizo “todo bien” y cumplió “con todo lo que estaba previsto” en la construcción y aseguró que va a “dar la cara”. “Hice las cosas con el mayor cuidado posible. Cumplí con todo lo que estaba previsto”, aseguró. En principio, tendrá que dar explicaciones ante el fiscal José María Campagnoli, quien le imputó el delito de “homicidio culposo”. A Heyaca Varela ya le habían suspendido la matrícula en 2006, por seis meses, por irregularidades en una obra.

En la Comisión de Planeamiento de la Legislatura, diputados opositores consensuaron proyectos presentados por Silvina Pedreira, Eduardo Epzteyn, Juan Cabandié, Raúl Puy y Ruben Campos para pedir informes al Ejecutivo sobre los antecedentes de la obra que ocasionó el derrumbe. El proyecto recibió el apoyo de los diputados del PRO y será aprobado mañana.

Los legisladores se reunieron por la tarde con el ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín, quien concurrió a la Legislatura para dar explicaciones sobre la actuación de su cartera, de la que depende la Dirección de Registro de Obras y Catastro, donde se tramitó el permiso en 2008 y se otorgó a fines de 2009. Chaín anunció allí que pedirá un peritaje a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (UBA) para que determine las causas del derrumbe.

El diputado Marcelo Parrilli reclamó la presencia del director de Protección del Trabajo, Angel Rodríguez, quien tuvo a su cargo la inspección por la denuncia de la Uocra en la obra de Villa Urquiza: “No sólo carece de idoneidad en materia de higiene y seguridad laboral, como exige la ley nacional (ya que es contador), sino que ante la grave denuncia del gremio se contenta con decir que la obra está parada”.

La Uocra denunció en junio que en la obra faltaba “afianzar partes inestables” y “apuntalar los muros medianeros”. Según el secretario general del gobierno, Marcos Peña, las inspecciones se hicieron el 17 de junio y el 13 de julio: “Estaba la demolición terminada, pero no había excavación”, aseguró.

La Defensoría del Pueblo porteña inició la actuación 3959/10 para solicitar a la Agencia Gubernamental de Control, la Subsecretaría de Trabajo y la Dirección de Registro de Obras que informen sobre su actuación en el caso. Para el defensor adjunto, Andrés Elisseche, el Ejecutivo tiene atribuciones de clausurar la obra y/o multar a su responsable cuando “por falta de medidas de seguridad” la obra puede provocar “deterioros” o “derrumbe” en fincas linderas (ley 451).

Los cuestionamientos desde la oposición pero también desde sectores del oficialismo se dirigen a la Agencia Gubernamental de Control y a su titular, Raúl Ríos.