Las clases en las escuelas tomadas podrían finalizar el 24 o el 30 de diciembre o incluso retomarse en febrero, según anunció Esteban Bullrich, ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. El funcionario anunció que pedirá a la Justicia “una herramienta para identificar a los alumnos que están en las escuelas tomadas”, y destacó que “son menores de edad y somos responsables por su seguridad”. Bullrich sostuvo que, durante la gestión de Mauricio Macri, “del 75 por ciento de edificios con problemas pasamos a tener menos del 15 por ciento”. En cambio Gustavo Lesbegueris, de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, observó que “hace pocos días la Ciudad tuvo que declarar en emergencia 15 edificios escolares” y sostuvo que “la actual administración subejecutó los presupuestos de infraestructura escolar”, situación que afecta especialmente a los estudiantes de la zona sur. El diputado (y gremialista de Ctera) Tito Nenna señaló que “los alumnos que deben ir a escuelas de otros barrios, por falta de vacantes, pierden horas de clase, y también se pierden cuando la escuela se cierra por falta de luz o gas”. Hoy el ministro Bullrich se presenta ante la Legislatura.

Bullrich destacó que “los chicos tienen que cumplir con los 180 días de clase” previstos y que, por las tomas, “chicos que se gradúan tendrán problemas para inscribirse en universidades: por eso vamos a ofrecer a los alumnos de escuelas que sigan con la toma que pasen a otros establecimientos para terminar el ciclo lectivo”. Una fuente allegada al ministro precisó que “en escuelas puntuales habrá clases hasta el 24 o hasta el 30 de diciembre; en algunos casos, de persistir las tomas, se podría completar el ciclo en el mes de febrero, luego del receso de enero”.

“Vamos a pedir a la Justicia que nos dé una herramienta para identificar claramente que los chicos que están en la escuela sean alumnos de la escuela –anunció Bullrich–: si no nos dejan controlar lo que sucede, no podemos hacernos responsables; que hagan responsables a los padres que estén de acuerdo con la toma”. El viernes pasado, la jueza Elena Liberatori había dejado sin efecto un memorándum del Gobierno de la Ciudad, que ordenaba a las autoridades de los establecimientos consignar los nombres de cada uno de los participantes en las tomas, que serían comunicados a la policía.

Bullrich subrayó que “la toma de un edificio público es un delito, tal como lo establece el Código Penal”. La fuente allegada a Bullrich aclaró que “no pretendemos hacer listas negras”. Pero “como son menores de edad, en las escuelas tomadas se requiere la presencia de un mayor, y en algunos casos no dejaron ingresar a las autoridades del establecimiento: las autoridades de la escuela y el ministro de Educación son responsables por la seguridad de los chicos”. Según precisó, “hemos recibido dos denuncias: una del colegio Manuel Belgrano, según la cual habrían ingresado alcohol; otra, del Normal 6, donde el concesionario del kiosco de comidas denunció destrozos”.

Ayer Bullrich aseguró también que, “en dos años y medio, del 75 por ciento de edificios con problemas pasamos a tener menos del 15 por ciento” y que “al 30 de junio se había ejecutado el 46 por ciento del presupuesto y para fin de año vamos a ejecutar todos los fondos”.

En cambio, Gustavo Lesbegueris, de la Defensoría del Pueblo porteña, sostuvo que “la administración de la Ciudad subejecutó el presupuesto de infraestructura, en 2008 y 2009, en más de 300 millones de pesos, pese a haber contado con la ley 2565, de emergencia, que le permitía abreviar plazos para la contratación de obras. Y el 25 de agosto pasado Mauricio Macri firmó un decreto que declara en emergencia 15 edificios escolares”. Lesbegueris alertó sobre “la situación en la zona sur, donde faltan escuelas, sobre todo de jornada completa; a esa parte de la ciudad corresponde el 70 por ciento de los más de 4000 niños y niñas sin vacantes para entrar al nivel inicial”.

El legislador porteño Tito Nenna –ex secretario adjunto de Ctera– afirmó que el gobierno porteño “no ejecutó más que el 7,35 por ciento del presupuesto para infraestructura”. Y, también, denunció la situación en la zona sur: “Alumnos de Soldati, Lugano o el Bajo Flores son trasladados a escuelas de otras zonas, lo cual, además del desarraigo que implica, lleva a la pérdida de horas de clases mientras viajan en el micro”.

Nenna observó que “la falta de gas implica que en más de 70 escuelas los chicos deben comer vianda, lo cual baja la calidad y la cantidad de comida”. El legislador comentó que “se han perdido días de clase en muchas escuelas, sin que el Gobierno de la Ciudad se preocupara por eso, a causa de problemas de infraestructura que siguen sin resolver: en el Normal 7, por ejemplo, hay sólo siete trabajadores para una obra de cinco pisos”.

Bullrich se presentará hoy ante la Comisión de Educación de la Legislatura porteña para exponer sobre el estado de la infraestructura escolar y el plan de obras de su cartera.